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USHUAIA.- El esquema prioriza a una liga de medios afines y funcionales que cobran primero y en montos significativos, mientras otros medios que vienen denunciando la gestión provincial enfrentan atrasos superiores a siete meses y asignaciones mínimas de pauta. La disparidad en los pagos y en los tiempos de cobro consolida un sistema de premios y castigos que, lejos de garantizar pluralidad, termina condicionando la libertad informativa y apuntalando el relato oficial en un contexto de fuerte déficit financiero provincial.
El manejo de la pauta publicitaria se encuentra concentrado en la Jefatura de Gabinete, bajo la tutela de Jorge Canals, y se ejecuta amparado en la reconducción presupuestaria, un mecanismo que otorga amplios márgenes de maniobra al Ejecutivo para disponer de fondos públicos sin mayores controles legislativos. Analistas locales estiman que el gasto total en publicidad oficial supera los 7 mil millones de pesos, configurando una herramienta clave para sostener un relato oficial y reducir el impacto de las voces críticas.
La magnitud del esquema se vuelve aún más llamativa al analizar un recorte temporal mínimo. Solo en el último mes de 2025, un listado parcial de pagos a medios seleccionados alcanza los $152.711.201,92, monto concentrado en un grupo reducido de empresas periodísticas. Esta cifra contrasta con la situación de numerosos medios locales y trabajadores de prensa que denuncian atrasos de hasta siete meses en los pagos, consolidando un sistema de premios y castigos vinculado directamente al tono de la cobertura informativa.
El despliegue de fondos públicos tampoco se limita a la prensa tradicional. Registros oficiales de la empresa Meta ubican a Tierra del Fuego como el segundo distrito del país con mayor inversión publicitaria en redes sociales por habitante. La provincia destinó $742,18 por vecino, cifra que cuadruplica el promedio nacional, estimado en $184,54 por ciudadano.
En términos absolutos, más de 190 millones de pesos fueron derivados a una única plataforma digital, gran parte de ellos ejecutados en un período acotado, con el objetivo de amplificar contenidos audiovisuales alineados con la narrativa oficial y reforzar la imagen del Gobierno provincial entre la población fueguina.
Este nivel de gasto adquiere una dimensión política aún más sensible al considerar que el último mes de 2025 coincidió con el tramo final del año electoral, donde una porción significativa de los recursos publicitarios se utilizó para apuntalar la campaña legislativa. Los cálculos, realizados en base al IPC del INDEC y un tipo de cambio de $1.445 por dólar, confirman que ni el déficit financiero que atraviesa la provincia fue un límite para frenar el financiamiento del aparato de propaganda.
Mientras la provincia enfrenta una situación económica compleja y restricciones presupuestarias en áreas sensibles, la asignación desigual de la pauta oficial vuelve a poner en debate la transparencia en el uso de fondos públicos y el impacto directo que estas prácticas tienen sobre la pluralidad informativa y la libertad de prensa en Tierra del Fuego.
