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USHUAIA.- La denominación de la Plaza Estado Plurinacional de Bolivia abrió una polémica que tomó alcance nacional luego de la publicación de un video realizado por un influencer que no reside en Tierra del Fuego. El Municipio de Ushuaia respondió a través del secretario de Relaciones Parlamentarias, Omar Becerra, quien consideró que el planteo buscaba generar confrontación y defendió el reconocimiento a las distintas colectividades de la ciudad.
Pero detrás de esa discusión aparece un interrogante más concreto: qué ocurrió con el dinero público destinado al gimnasio de la Asociación de Residentes Bolivianos Simón Bolívar, una obra que todavía no tiene una finalización oficialmente acreditada.
En 2017, el Gobierno provincial firmó un convenio para financiar la construcción de un polideportivo de aproximadamente 2.000 metros cuadrados. El proyecto contemplaba dos canchas y demandaba una inversión de $30 millones, que debían ser devueltos por la asociación en 180 cuotas consecutivas.
No se trataba formalmente de un subsidio. Era un crédito otorgado a través del Instituto Provincial de Vivienda. Como parte del acuerdo, el edificio también debía quedar disponible para actividades deportivas, culturales y educativas organizadas por la Provincia.
En abril de 2019, la entonces gobernadora Rosana Bertone recorrió el predio junto con autoridades del IPV. El Gobierno informó en ese momento que la construcción presentaba un “importante avance” y destacó el trabajo encabezado por el presidente de la asociación, René Fernández.
Pasaron más de siete años desde aquella recorrida y casi nueve desde el otorgamiento del préstamo. Sin embargo, no se difundió públicamente cuánto dinero fue devuelto, cuántas cuotas se pagaron, qué mecanismo de actualización tenía el crédito ni cuál es el saldo actual.
Tampoco se conoce un informe oficial que detalle el porcentaje definitivo de ejecución, las inspecciones realizadas por el IPV o las razones por las que el gimnasio no fue formalmente inaugurado como el polideportivo anunciado.
Los $30 millones de 2017 equivalen hoy a más de $3.000 millones, según una actualización propia realizada con el Índice de Precios al Consumidor hasta junio de 2026. Esa cifra no representa necesariamente la deuda legal de la asociación, pero permite dimensionar el valor económico del financiamiento público.
La polémica por el nombre de una plaza puede agotarse en una discusión política. El destino del crédito, el avance de la obra y su devolución requieren documentos: el convenio completo, el registro de las cuotas pagadas, el saldo pendiente y los informes de inspección del Gobierno provincial.
