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USHUAIA.- El escenario judicial de la capital fueguina sumó un capítulo de alta tensión tras la presentación formal de una denuncia que involucra directamente a la administración municipal.
La organización ambientalista Bahía Encerrada denunció la tala de ejemplares nativos en los macizos 184 y 185, terrenos que poseen un estatus de protección especial bajo la Categoría II de la Ley de Bosques. Esta clasificación implica que cualquier alteración del ecosistema está estrictamente regulada y, en la mayoría de los casos, prohibida para fines de urbanización directa.
De acuerdo con el escrito presentado ante los fueros correspondientes, el Ejecutivo local habría cedido una superficie aproximada de 1.600 metros cuadrados a una entidad vinculada al oficialismo para el desarrollo de un proyecto habitacional.
No obstante, el reclamo subraya una irregularidad administrativa grave debido a que la ordenanza necesaria para validar dicha transferencia de patrimonio público aún no cuenta con la promulgación oficial. Sin ese paso legal previo, cualquier intervención de las máquinas sobre el terreno carece de legitimidad.
La situación se agrava al considerar que la jurisdicción sobre estos bosques amarillos excede las facultades municipales. Los referentes de la denuncia explicaron que toda acción sobre estas zonas requiere un proceso de autorización y fiscalización por parte del Gobierno Provincial.
Según los datos aportados, el Municipio jamás gestionó ni obtuvo los permisos ambientales requeridos, lo que representaría un incumplimiento directo de las normativas de protección de bosque nativo que rigen en todo el territorio nacional.
A pesar de la falta de documentación y de la vigencia de estas restricciones, las tareas de desmonte avanzaron de forma efectiva en el predio. Para los denunciantes, el daño generado en el lugar ya se presenta como una herida irreversible en el paisaje y la biodiversidad de Ushuaia.
Además, la presentación judicial cuestiona duramente el rol de los entes provinciales de control, cuya ausencia de intervención permitió que los trabajos continuaran sin ningún tipo de freno institucional.
Los voceros de la organización vecinal calificaron la situación como una ilegalidad manifiesta desde múltiples frentes. Sostuvieron que el avance de las obras se realiza sin una norma que lo respalde, sin el consentimiento de la autoridad de aplicación ambiental y sobre un recurso natural que el Estado tiene la obligación de resguardar para las generaciones futuras.
Este episodio tiene lugar en un contexto donde el debate por la ampliación del ejido urbano domina la agenda política. Sin embargo, la denuncia deja al descubierto que el problema central no radica en la demanda habitacional o la falta de espacio, sino en una gestión deficitaria que prioriza el reparto de tierras sin planificación ni transparencia.
El documento describe una realidad donde desaparecen bosques y se alteran cursos de agua mientras los mecanismos de fiscalización parecen estar desactivados.
La lógica detrás de estas acciones sugiere una jerarquía de intereses donde la explotación del suelo y los acuerdos sectoriales se imponen sobre el cuidado del entorno. Se evidencian urbanizaciones que se ejecutan con una celeridad administrativa sospechosa mientras se ignoran los procesos legales básicos que deberían garantizar la sustentabilidad.
La acusación final es contundente al señalar una doble vara en la gestión del territorio. En la ciudad que se promociona como modelo de protección natural, el patrimonio de todos parece quedar subordinado a las necesidades de los sectores amigos del poder, dejando al medio ambiente en una situación de absoluta desprotección.
