La Justicia Federal avanzaría sobre el destino de los $4.000 millones y las obras que nunca se hicieron

USHUAIA.- El puerto ya fue intervenido, una situación que, con el paso de los días, comenzó a naturalizarse en el escenario político local. Ahora, el próximo capítulo se trasladaría al plano judicial, donde el foco dejaría de estar en la decisión administrativa para centrarse en el destino de los fondos y las responsabilidades que podrían derivarse de su manejo.

El punto de partida es el informe que los interventores remitieron ante el pedido de la diputada nacional Andrea Freites. Ese documento ya obra en la Cámara de Diputados y detalla las razones técnicas y financieras que motivaron la intervención del Puerto de Ushuaia. Allí se expone que más de $4.000 millones correspondientes al superávit portuario no habrían sido reinvertidos en infraestructura, mantenimiento ni modernización, como establece el convenio de transferencia que regula la administración provincial del puerto.

Según se describe, mientras se acumulaban deterioros estructurales en el muelle comercial, sistemas de seguridad fuera de servicio y postergación de obras estratégicas, los recursos eran absorbidos por otras áreas del Ejecutivo provincial. El informe también enumera proyectos anunciados que no registran ejecución material dentro del ámbito portuario.

En ese contexto, la discusión dejaría de ser meramente administrativa para ingresar en el terreno penal. La Justicia Federal sería la encargada de determinar qué ocurrió con esos fondos públicos y si existió responsabilidad de funcionarios en su administración. La eventual investigación podría alcanzar a quienes tuvieron poder de decisión durante los ejercicios observados entre los que se contaría,  desde el gobernador Gustavo Melella y el expresidente del Puerto, Roberto Murcia, hasta autoridades de la Dirección Provincial de Puertos.

El trasfondo político suma tensión. Días atrás, la vicegobernadora Mónica Urquiza reconoció ante dirigentes sindicales que en gestiones anteriores también “se patinaron” fondos enviados durante la presidencia de Mauricio Macri para obras destinadas al puerto. Esa afirmación volvió a poner en debate el control histórico de los recursos portuarios y la falta de rendiciones claras sobre su aplicación.

Con el informe ya en manos del Congreso, el interrogante central se mantiene en saber cuál fue el destino final de los más de $4.000 millones del superávit portuario y qué responsabilidades podrían establecerse. La respuesta, de confirmarse el avance judicial, ya no se dirimirá en el plano político sino en los Tribunales Federales.