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USHUAIA.- La discusión institucional en la provincia sumó un nuevo y decisivo capítulo. El recurso de queja presentado por el legislador Jorge Andrés Lechman (SF) contra el proceso de reforma constitucional impulsado por la administración provincial fue ingresado formalmente en la jornada de este martes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Con la confirmación de su ingreso, el expediente se encuentra ya en manos del máximo tribunal del país, que dará inicio a la etapa de análisis preliminar. Esta instancia es reservada para evaluar la admisibilidad de la presentación, y como ocurre con todos los recursos de queja, su plazo de resolución es abierto e indeterminado.
Esta oficialización de la presentación judicial se produce en un momento especialmente delicado. Mientras el Gobierno se empeña en defender el proyecto como una “modernización institucional”, el costo estimado supera los 5 mil millones de pesos y las encuestas previas arrojaron que el 70% de la ciudadanía manifestó su rechazo.
Es esta brecha entre el discurso oficial y la realidad social lo que terminó por trasladar la disputa al plano de la justicia.
El oficialismo intentó durante varias semanas bajarle el precio a la controversia, pero el arribo del caso a la máxima instancia judicial modifica por completo el tablero político y legal. Para el legislador Lechman, el avance del proyecto reformista carece de consensos básicos y se sustenta en una interpretación sobredimensionada de las potestades provinciales.
El legislador sostiene que la presunta urgencia institucional es, en realidad, un mecanismo que choca de frente con principios republicanos elementales y con los límites intrínsecos del federalismo argentino.
Con el expediente ya bajo la lupa de la Corte, se inicia una fase bisagra: el tribunal se abocará a la evaluación de los fundamentos iniciales y definirá si el caso debe seguir su curso procesal o si corresponde su rechazo in limine. Hasta tanto no haya un pronunciamiento, la candente discusión sobre la reforma constitucional queda formalmente bajo el ámbito de decisión más alto de la República.
