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RÍO GRANDE.- Tras más de un año de incertidumbre, la reforma parcial de la Constitución de Tierra del Fuego recibió un impulso definitivo por parte del Superior Tribunal de Justicia (STJ). En un fallo histórico, el tribunal desestimó las demandas de inconstitucionalidad presentadas por el legislador Jorge Lechman y el exconcejal Paulino Rossi, validando la Ley 1529 y reactivando el proceso reformista.
El fallo del tribunal, integrado por los jueces María del Carmen Battaini, Carlos Gonzalo Sagastume, Edith Miriam Cristiano y Javier Muchnik, ordena al Poder Ejecutivo provincial a emitir un nuevo decreto de convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes en un plazo máximo de 210 días hábiles administrativos y no corridos. Esta decisión anula la medida cautelar que había suspendido el proceso en agosto de 2024.
Los puntos más importantes del fallo
Constitucionalidad de la Ley 1529: El STJ confirmó que la norma impulsada por el oficialismo cumple con todos los requisitos establecidos en la Constitución Provincial, desestimando los planteos de inconstitucionalidad.
Plazo de convocatoria: El tribunal aclaró que el plazo de 210 días para convocar a elecciones debe contarse en días hábiles administrativos y no corridos. Aunque el decreto original fue dictado en término, la dilación judicial forzó un nuevo plazo para la convocatoria.
Legitimación de los opositores: Un punto destacado del fallo es que el STJ reconoció la legitimación de Lechman y Rossi para litigar en defensa del orden constitucional. Esta es una decisión importante, ya que en el pasado se ha negado esta posibilidad a ciudadanos o legisladores. El tribunal argumentó que la reforma es de tal magnitud que justifica la participación de cualquier ciudadano.
Rechazo de las denuncias penales: Las acusaciones de los demandantes sobre una supuesta falsificación de la fecha del decreto original fueron desestimadas, ya que las causas penales al respecto fueron archivadas por no encontrar delito.
El proceso de reforma constitucional fue impulsado por el gobernador Gustavo Melella a fines de 2023. Aunque el fallo representa una victoria judicial para el oficialismo, la sentencia también pone en evidencia la necesidad de un relanzamiento político del proceso, que ha perdido parte de su legitimidad pública durante su extensa judicialización.
Con la cuenta regresiva en marcha, el Poder Ejecutivo tiene ahora la responsabilidad de convocar a elecciones para dar el siguiente paso en la reforma constitucional. La nueva fecha de votación deberá ser fijada antes de fines de marzo de 2026.
