La Corte Suprema desestimó el reclamo de Tierra del Fuego por las regalías

USHUAIA.- El gobierno provincial a cargo de Gustavo Melella sumó un nuevo traspié institucional tras un fallo adverso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal decidió archivar la demanda que la gestión de Gustavo Melella mantenía contra el Estado Nacional por la aplicación del decreto 566/2019. Esta normativa, que establecía un tope transitorio al precio interno del crudo, había sido impugnada bajo el argumento de que dañaba la recaudación provincial, una postura que terminó desmoronándose por los propios datos aportados por el equipo legal fueguino.

La resolución judicial puso en evidencia una inconsistencia técnica de gravedad en el planteo de la provincia. Durante la tramitación del expediente, la administración local presentó documentación oficial que contradecía su denuncia inicial de daño financiero. En marzo de 2024, informes técnicos y una nota de la AREF reconocieron expresamente que “la Provincia no ha sufrido perjuicio económico respecto de las regalías hidrocarburíferas por la aplicación del Decreto Nacional 566/19”. Este reconocimiento fue determinante para que los magistrados consideraran que ya no existía un conflicto real que resolver.

La presentación provincial también admitió que “todas las empresas utilizaron el tipo de cambio definido por la normativa vigente para el pago de las regalías”. Ante estas declaraciones incorporadas por la propia actora, la Corte Suprema dictaminó que no se configuraba un caso judicial legítimo, procediendo al rechazo directo de la acción declarativa. La situación deja al descubierto una falencia en la coordinación de la estrategia jurídica, ya que el reclamo se sostuvo en el tiempo a pesar de que los órganos de control interno negaban la existencia de pérdidas.

Este desenlace se suma a una serie de conflictos legales que vienen desgastando la imagen del equipo técnico de la gobernación. En los últimos meses, el Ejecutivo enfrentó dificultades judiciales similares en expedientes vinculados a la operatividad del puerto de Ushuaia y al proceso de reforma constitucional. La acumulación de fallos negativos alimenta las críticas sobre la improvisación en el manejo de litigios estratégicos y la falta de rigor en la preparación de las causas que llegan a los tribunales superiores.

El dato que más impacto generó en el ámbito político local es que la demanda continuó su curso incluso después de que el decreto cuestionado perdiera vigencia. La insistencia en un pleito que carecía de sustento fáctico, según los propios informes del Estado provincial, abre interrogantes sobre el funcionamiento del aparato jurídico que asesora al mandatario. El cierre definitivo del expediente representa un golpe a la credibilidad de las presentaciones fueguinas ante la máxima instancia judicial del país.

La sentencia de la Corte clausura finalmente la discusión por el precio del petróleo y deja a la administración de Melella en una posición defensiva. Con la desestimación de esta causa, el gobierno fueguino deberá revisar sus prioridades en el ámbito judicial para evitar nuevos episodios de exposición técnica negativa que condicionen la gestión de los recursos y la defensa de los intereses provinciales ante la Nación.