La construcción de la usina, “floja de papeles”

USHUAIA.- Lo que se perfilaba como una recorrida protocolar para sellar la alianza entre Tierra del Fuego y el gigante asiático mutó en un foco de conflicto diplomático de proporciones. Durante su estadía en la capital, la comitiva liderada por el embajador Wang Wei descubrió que la “obra” de la central eléctrica carece de los andamiajes legales y técnicos indispensables para cualquier emprendimiento de esa escala.

La realidad en los escritorios oficiales desmiente el entusiasmo que el gobernador Gustavo Melella intentó imprimirle al acto en el predio del Río Olivia. El primer escollo es el vacío administrativo en el municipio, ya que hasta la fecha la Provincia no cumplió con el trámite de presentar el proyecto ante la Secretaría de Planificación e Inversión Pública de Ushuaia, lo que deriva en una ausencia total de planos visados o estudios de impacto ambiental aprobados.

A esta informalidad técnica se le suma un flanco institucional igual de delicado en el plano legislativo. El contrato firmado con la operadora Austral Petróleo, Gas y Electricidad S.A. nunca fue remitido al Parlamento provincial para su tratamiento, una omisión que le resta validez constitucional a cualquier obligación financiera o concesión de servicios, dejando a la provincia desprotegida ante posibles reclamos legales en el futuro.

En el entorno de la delegación diplomática no ocultan su irritación. Para la mentalidad corporativa de las potencias asiáticas, la seguridad jurídica es el cimiento de cualquier desembolso estatal. Haber sido invitados a una inauguración de una obra que, bajo la lupa de las ordenanzas vigentes, es técnicamente ilegal, fue tomado como un gesto de falta de responsabilidad institucional por parte de la gobernación.

La desconexión llegó a un punto tal que los representantes chinos recién tomaron contacto en el terreno con la existencia de la Dirección Provincial de Energía. El hecho de que la comitiva ignorara que el Estado cuenta con un organismo específico para el área eléctrica obligará ahora a reconfigurar los canales de diálogo para articular futuras acciones con dicha entidad.

Detrás de este desorden administrativo asoma una sospecha política. Diversos analistas interpretan que la aceleración del acto inaugural fue una maniobra de urgencia para forzar una mesa de negociación con la gestión nacional de Javier Milei y, de paso, maquillar una administración provincial que parece estar en retirada. La necesidad de presentar “hechos consumados” habría llevado a los funcionarios a obviar los pasos legales y municipales más elementales.

El conflicto de fondo es alarmante por su inmediatez: mientras los componentes pesados de la planta ya navegan desde China hacia el puerto de Ushuaia, en la Municipalidad no figura un solo documento que autorice legalmente su instalación. En este contexto, el intendente Walter Vuoto queda frente a la disyuntiva de convalidar las irregularidades o hacer cumplir la norma, lo que frenaría en seco el proyecto que impulsan Melella y la ministra Gabriela Castillo.

La gira de los diplomáticos continuará en Río Grande para una reunión con el intendente Martín Pérez, aunque el clima de la visita ya no es el mismo. La desconfianza sembrada por la incapacidad del Gobierno Provincial para blindar jurídicamente las inversiones extranjeras domina ahora la agenda, en medio de una sucesión de anuncios y actos sin sustento legal que ponen en riesgo la provisión de energía y el prestigio internacional de la provincia.