La CGT irá al paro total el día que la reforma laboral llegue a Diputados

BUENOS AIRES.- La conducción de la CGT terminó de sellar su cuarta huelga general contra la gestión de Javier Milei. En una deliberación de urgencia, la cúpula sindical dispuso un cese de actividades por 24 horas para la misma jornada en la que la Cámara de Diputados se siente a debatir la reforma laboral, confirmando un escenario de máxima confrontación entre el gremialismo y la Casa Rosada.

El acuerdo se alcanzó mediante una videoconferencia del Consejo Directivo cegetista, convocada a contrarreloj ante los rumores de que el oficialismo buscaría tratar la iniciativa este mismo jueves. El objetivo de las huestes libertarias es apurar el trámite legislativo para que el texto se convierta en ley de manera inminente.

En paralelo a la convocatoria de fuerza, se pautó que los integrantes del triunvirato asistan este miércoles a la Comisión de Legislación del Trabajo en la Cámara Baja. Allí llevarán el reclamo contra el proyecto que ya cuenta con el visto bueno del Senado.

Si bien un sector de la conducción apostaba por una postura más dialoguista para intentar limar artículos del proyecto, la presión de las bases y el malestar por puntos polémicos terminaron por inclinar la balanza hacia la huelga. Uno de los detonantes fue el artículo que prevé una poda salarial para los trabajadores que deban tomarse licencias por enfermedades o accidentes fuera del ámbito laboral.

Durante el intercambio virtual de este lunes, algunos dirigentes propusieron realizar una marcha masiva hacia el Congreso, emulando la protesta de la semana pasada. Sin embargo, esa opción se dejó de lado para apostar a una demostración de fuerzas basada en el ausentismo masivo, apoyada principalmente en el freno total del sistema de transporte de pasajeros.

La moción de salir a la calle había sido impulsada por Octavio Argüello, del gremio de Camioneros, junto al respaldo de la UOM de Abel Furlán y Sergio Palazzo, de la Bancaria. Pese a estas voluntades, la mayoría prefirió evitar el desgaste de la movilización y concentrarse en la efectividad del paro nacional.

Uno de los factores que terminó de dar volumen a la medida fue la confirmación de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). El gremio de los colectiveros, que conduce Roberto Fernández, suele mantener una distancia prudencial de la conducción central e incluso se había ausentado en paros anteriores alegando cuestiones legales, pero esta vez garantizó su adhesión.

Desde el entorno de la UTA confirmaron la postura al señalar que “somos un sindicato confederado y si la CGT decide un paro acompañaremos la medida”. Este compromiso resulta determinante para asegurar que el impacto de la huelga se sienta con fuerza en todas las provincias argentinas.

Dependiendo de los tiempos legislativos, el paro podría concretarse este jueves o postergarse hasta el miércoles 25 de febrero si las negociaciones parlamentarias se extienden. A la par de los colectiveros, ya confirmaron su participación los gremios ferroviarios de Sergio Sasia y Omar Maturano, además de toda la estructura de la CATT que lidera Juan Carlos Schmid.

La irritación de los sindicatos escaló tras la aprobación en el Senado del artículo 44, que recorta el cobro íntegro del sueldo ante enfermedades no laborales. La nueva normativa establece que los empleados percibirían solo el 50% de sus haberes, cifra que podría subir al 75% bajo condiciones específicas, algo que los gremialistas consideran un ataque directo a los derechos adquiridos.

Mientras en el Gobierno intentan bajarle el tono a la polémica sugiriendo posibles correcciones vía decreto reglamentario, la CGT ya prepara su estrategia en el frente judicial. Un documento interno de la central advierte que la reforma es “contraria a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con rango constitucional”, adelantando una batalla legal de largo aliento si la ley llega a sancionarse.