Clima Rio Grande: ver extendido

Jonatan Bogado responsabilizó a los libertarios por el impacto del Decreto 252/2026

El concejal de Provincia Grande rechazó las posturas que minimizan las consecuencias de la nueva normativa nacional sobre la producción local. Advirtió que la extensión de beneficios arancelarios a todo el país pone en riesgo la continuidad de las fábricas instaladas en la isla.

Jonatan Bogado, concejal de la ciudad de Río Grande.

RIO GRANDE.- El escenario político en Río Grande sumó un nuevo capítulo de tensión tras las críticas de Jonatan Bogado hacia la legisladora Natalia Graciania y los referentes de La Libertad Avanza. El edil de Provincia Grande consideró que “decir que el Decreto no afecta es imprudente frente a los cientos de despidos” actuales, cuestionando la mirada oficialista sobre el alcance del Decreto 252/2026 en el entramado productivo de Tierra del Fuego.

Para el representante municipal, asegurar que la industria fueguina está a salvo por la falta de mención explícita a la Ley 19.640 demuestra un desconocimiento sobre la dinámica de los sistemas económicos. Según su análisis, las normativas suelen alterar el entorno de desarrollo de una actividad de manera indirecta, lo que termina perjudicando la competitividad de la región.

El eje del conflicto radica en la universalización del Régimen de Aduana en Factoría (RAF) a todo el territorio argentino. Bogado detalló que esta medida facilita la importación de insumos sin aranceles para cualquier fabricante nacional, lo que iguala condiciones que antes eran distintivas de la provincia. Ante este panorama, el concejal sostuvo que muchas compañías podrían revisar su permanencia en la isla al modificarse la ecuación de rentabilidad.

En relación a la naturaleza técnica de ambas normativas, el referente local planteó que la discusión no debe centrarse en si los regímenes son diferentes en los papeles, sino en su convivencia operativa. El concejal remarcó que las estructuras legales compiten en la realidad del mercado y que el fortalecimiento de una alternativa nacional implica necesariamente un debilitamiento de la posición relativa de Tierra del Fuego.

Asimismo, el edil puso el foco en la terminología utilizada por el Poder Ejecutivo Nacional dentro del decreto, donde se menciona la intención de suprimir privilegios. A su entender, este vocabulario posee una carga política que busca cuestionar el valor estratégico de la industria fueguina y su relevancia para la soberanía en el Atlántico Sur y la zona antártica.

Finalmente, el concejal Bogado lamentó la falta de firmeza en la protección de los derechos de los habitantes de la provincia. Manifestó que ignorar el cambio en las reglas de juego impuestas desde Buenos Aires mientras se pierden puestos de trabajo estables equivale a abandonar la defensa de los intereses de la comunidad fueguina.