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USHUAIA.- La tranquilidad de los jubilados de la provincia se vio alterada en los últimos días debido a la postergación en la acreditación de sus salarios. Esta situación derivó en un firme posicionamiento de Patricia Blanco, directora por los pasivos de la institución previsional, quien manifestó que percibir los haberes recién al sexto día hábil representa un escenario alarmante para el sector.
La referente remarcó que la planificación de un adulto mayor depende de la previsibilidad y que “la agenda que manejan los jubilados no es la misma agenda que maneja la clase política”, señalando que ellos deberían ser la prioridad absoluta en el cronograma de pagos.
Frente a este panorama, la dirigencia no descarta acudir a los estrados judiciales para fijar una fecha de cobro que hoy no aparece escrita en ninguna normativa vigente. Blanco confirmó que se encuentra en plena etapa de asesoramiento con profesionales del derecho, tanto jubilados como activos, con el fin de elevar una consulta formal ante la Fiscalía de Estado.
La intención de esta movida legal es evitar que se consolide una tendencia de atrasos que traiga a la memoria episodios oscuros de la administración pública fueguina.
La preocupación de los beneficiarios radica en el temor a retornar a viejas prácticas que parecían superadas. Blanco hizo memoria sobre los tiempos en los que el cobro se dilataba más de un mes y los abuelos debían recurrir de forma sistemática a la Justicia.
En sus declaraciones recordó que hubo una “época nefasta que no cobrábamos, o sea, que cobrábamos con amparo cada 40 o 50 días”, subrayando que incluso existieron momentos donde ni siquiera las órdenes judiciales eran respetadas por la Caja.
Aunque durante la gestión anterior se había logrado unificar el pago con los trabajadores activos al quinto día, y luego existió un compromiso del actual Ejecutivo para adelantar el trámite al tercer día hábil, la realidad actual muestra un retroceso. Esta desmejora en las condiciones afecta directamente la organización de vida de miles de familias que ya tenían sus gastos calzados para principios de mes.
La directiva explicó que mientras el personal activo cuenta con convenios colectivos que protegen sus plazos, el jubilado queda en una zona de vulnerabilidad legal que pretenden subsanar.
Finalmente, la representante de los pasivos dejó en claro que la paciencia del sector tiene un límite y que agotarán las instancias administrativas antes de escalar el reclamo. A pesar de reconocer las dificultades financieras que atraviesan tanto la nación como la provincia, insistió en que no permitirán un retroceso de una década en sus derechos adquiridos.
“No vamos a permitir que vuelva a pasar lo que nos pasó hace más de 10 años atrás. Otra vez no”, concluyó de forma tajante respecto a la defensa del calendario de pagos.
