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El Intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, y tres de sus secretarios han sido imputados por delitos que incluyen la usurpación de una vivienda particular y un presunto encubrimiento institucional.
TOLHUIN.- La Justicia de Tierra del Fuego avanza con firmeza en una causa que pone bajo la lupa a las más altas autoridades del Municipio de Tolhuin. El Intendente Daniel Harrington, el Secretario Legal y Técnico Alexis Solís, la Secretaria de Gobierno Ana Paula Cejas y la Secretaria de Administración y Abordaje Territorial Valeria Sandoval han sido imputados por graves delitos vinculados a la usurpación de una vivienda particular y maniobras de encubrimiento institucional.
La causa, caratulada “González Valle, Andrea Verónica S/ DCIA”, fue impulsada por el Fiscal Mayor Martín Bramati y apunta a esclarecer el accionar de los funcionarios municipales, quienes el pasado 2 de junio de 2024 habrían ingresado a la vivienda de la denunciante sin orden judicial, sin presencia policial y sin autorización alguna, apropiándose del inmueble de manera irregular y violenta. Los hechos se encuadran en el delito de usurpación por despojo, conforme al artículo 181 inc. 1 del Código Penal, que prevé una pena de 1 a 3 años de prisión.
La investigación también expone una trama de abuso de autoridad, falsificación documental, y presuntos intentos de manipulación de pruebas y testigos. El Fiscal sostiene que, tras el despojo consumado, el Municipio dictó decretos internos para intentar retrotraer los hechos, legitimar la ocupación y generar una apariencia de legalidad que les permita evadir la acción de la justicia. Estas maniobras, de comprobarse, configurarían delitos tipificados en los artículos 248 (abuso de autoridad), 294 (falsificación de instrumento público) y 173 inc. 8 (defraudación contra la administración pública) del Código Penal, cuyas penas oscilan entre los 1 y 6 años de prisión, en función de la gravedad y acumulación de figuras delictivas.
En el centro de la escena también aparece un actor externo pero no menor: Luis Enrique Cisterna, un ciudadano que habría contactado en reiteradas oportunidades a la denunciante para presionarla y persuadirla de abandonar la vía judicial. “Si desistís de la causa, todo vuelve atrás”, habría dicho por teléfono Cisterna, quien se presentó como allegado político del Intendente Harrington. La causa investiga su rol como tercero facilitador de la maniobra, y se ha solicitado judicialmente la certificación de llamadas salientes y entrantes desde su línea telefónica.
A esto se suma una inquietante desaparición de documentación clave del expediente administrativo original del año 2004, hecho que genera sospechas sobre una sistemática intención de encubrimiento y destrucción de pruebas por parte de agentes municipales.
Además, la Justicia ha requerido la declaración testimonial de Cintia Caballero, actual Directora de Obras Particulares del Municipio de Tolhuin, quien deberá aportar detalles sobre las actuaciones técnicas y administrativas en relación al inmueble en cuestión, y esclarecer el grado de conocimiento institucional sobre los hechos denunciados.
