RIO GRANDE.- La causa que investigaba el paradero de la mujer supuestamente extraviada desde el pasado martes dio un vuelco rotundo durante la tarde de este jueves. Las autoridades judiciales decidieron avanzar con un registro exhaustivo en la vivienda de la protagonista después de que las tareas de rastrillaje y el análisis de las cámaras de seguridad no arrojaran resultados consistentes con una desaparición forzada.
El procedimiento se aceleró luego de que la hermana de la mujer entregara esta misma mañana el teléfono celular de la supuesta víctima para ser peritado. Los primeros indicios obtenidos tras el análisis del dispositivo sugirieron a los investigadores que el reporte inicial podría tratarse de una falsa denuncia, lo que motivó una orden de allanamiento inmediata sobre la propiedad.
Con la firma del juez de instrucción Raúl Sahade, las fuerzas de seguridad se dirigieron al inmueble ubicado en la calle Belgrano al 927. En el momento exacto en que los uniformados ingresaron a la vivienda con la orden judicial en mano, la mujer que era buscada por toda la policía apareció en el lugar por sus propios medios.
Casi al mismo tiempo en que se producía la irrupción policial, Fernández se hizo presente en la sede de Delitos Complejos de la Policía de la provincia. La mujer llegó acompañada por un abogado particular con el objetivo de frenar el avance de la medida judicial sobre su domicilio y dar por terminado el operativo de búsqueda que la tuvo como centro durante las últimas 48 horas.
Es necesario recordar que el caso se inició cuando la hermana de Fernández denunció que la mujer se había esfumado el martes por la noche. Según aquel relato inicial, la supuesta desaparición ocurrió después de una discusión que la mujer habría mantenido con el gobernador Gustavo Melella, un intercambio que presuntamente fue a través del teléfono ya que el mandatario provincial se encuentra fuera de la isla.
De esta manera, la búsqueda que mantuvo en vilo a las fuerzas de seguridad durante dos jornadas completas parece desmoronarse. La resolución del caso sugiere que el despliegue de recursos humanos y técnicos terminó siendo producto de una maniobra con trasfondo político más que de un hecho de inseguridad real.
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