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USHUAIA.- La Justicia provincial investiga un violento episodio ocurrido durante la madrugada del domingo en las inmediaciones de un conocido local bailable, donde el periodista Gastón Gramajo resultó seriamente herido. El joven de 26 años denunció haber sido blanco de una golpiza por parte de Maximiliano Darío Seveca, un hombre de 42 años que ejerce como director de Obras Privadas en la gestión del intendente Walter Vuoto.
Como consecuencia del impacto, el profesional de prensa sufrió la fractura de su tabique nasal y múltiples hematomas en la cara, además de denunciar el daño total de su celular y la rotura de sus prendas de vestir.
Testigos que presenciaron la secuencia relataron que el señalado como agresor abandonó el lugar a bordo de una camioneta Ford Ranger Raptor justo en el momento en que los móviles policiales llegaban a la zona tras el alerta. Según el parte, el conductor cargó en el vehículo a una mujer que se encontraba en un estado de semiinconsciencia y que, de acuerdo a las manifestaciones del propio involucrado, sería su pareja.
Mientras tanto, Gramajo era asistido en la vía pública por transeúntes que intentaban contener el sangrado de sus heridas.
El trasfondo del conflicto escala a niveles institucionales debido a la participación de un segundo implicado que ocuparía el cargo de subsecretario de la Jefatura de Gabinete. La víctima relató que este funcionario lo increpó previamente por las opiniones que suele publicar en sus redes sociales sobre la administración municipal de Vuoto.
La investigación ahora busca determinar si este colaborador de alto rango no solo participó de las amenazas, sino que también fue quien facilitó la rápida huida de Seveca para evitar el control de los efectivos policiales.
La relación entre los dos señalados trasciende las oficinas de la Municipalidad de Ushuaia. Registros de la Inspección General de Justicia indican que ambos funcionarios mantienen un vínculo comercial privado a través de una sociedad dedicada al alquiler de vehículos. Esta conexión societaria refuerza la hipótesis de un accionar coordinado durante la madrugada en la que se produjo el amedrentamiento y la posterior agresión física.
A pesar de los golpes recibidos, Gramajo optó por no interrumpir sus obligaciones laborales y se presentó a cumplir sus tareas habituales para desmentir rumores sobre su desempeño. “Me presenté a trabajar normalmente porque no soy un ñoqui”, sentenció el joven en diálogo con la prensa, haciendo referencia a versiones que intentaron desprestigiar su imagen tras el incidente. El periodista confirmó que, luego de que la radiografía en el hospital acreditara la lesión ósea, entregó su ropa dañada como evidencia para que se realicen las pericias correspondientes.
Un punto de alta tensión en la causa es el resguardo de las pruebas fílmicas que podrían haber captado el momento exacto del ataque. El damnificado manifestó una profunda desconfianza sobre el destino de los videos de las cámaras de seguridad del sector debido a la influencia política de los involucrados. Gramajo advirtió que en la ciudad existen antecedentes donde las grabaciones suelen “desaparecer” cuando hay empleados jerárquicos de la comuna implicados en hechos delictivos.
El joven vinculó el ataque con una persecución hacia quienes mantienen una postura crítica frente al gobierno local y denunció una falta de garantías para la libertad de expresión. “Me siento afectado por la exposición, pero a la vez tranquilo porque me manejo con la verdad”, sostuvo al referirse a los ataques que recibió en plataformas digitales por parte de perfiles que considera financiados por la estructura municipal.
Visiblemente conmovido pero decidido a avanzar por la vía legal, el periodista confesó que se siente “explotado” por la situación pero que ya ha dado los pasos judiciales necesarios. “Ahora estamos esperando a ver si pueden conseguir las cámaras de afuera del boliche o alguna otra cámara, porque lo cierto es que yo no golpeé pero tengo el tabique fracturado, me pegaron dos funcionarios, me amenazaron primero y después me golpearon”, concluyó.
El caso generó un fuerte repudio en la comunidad, que observa con recelo un manejo del poder que la víctima comparó con el de un “patrón de estancia”.
