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USHUAIA.- El concurso para cubrir los cargos de Defensor Provincial y Defensores Adjuntos de la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Tierra del Fuego quedó envuelto en una fuerte controversia política luego de los cuestionamientos formulados por la legisladora Natalia Gracianía, quien denunció supuestas inconsistencias en el proceso de evaluación de los postulantes.
A través de presentaciones formales, publicaciones en redes sociales y distintas entrevistas, la legisladora sostuvo que existían criterios contradictorios para admitir o excluir aspirantes y reclamó mayor transparencia en el concurso.
Sin embargo, durante sus cuestionamientos no mencionó que entre las postulaciones rechazadas se encontraban las de Carolina Pauli y Laura Almirón de Pauli, hermana y madre del diputado nacional Santiago Pauli, principal referente de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego.
Los fundamentos de la Comisión
Frente a las impugnaciones presentadas por distintos postulantes, la Comisión Evaluadora emitió un dictamen técnico en el que respondió cada uno de los recursos de reconsideración y ratificó las decisiones adoptadas.
Según el organismo, todas las evaluaciones se realizaron conforme a los requisitos establecidos por la Ley Provincial Nº 1466 y las bases del concurso, entre ellos la acreditación de cinco años de residencia continua e inmediata en Tierra del Fuego y la demostración de antecedentes e idoneidad vinculados con la función.
Las observaciones a Carolina Pauli
En el caso de Carolina Pauli, la Comisión concluyó que no logró acreditar la residencia exigida por la ley. Además, observó que parte de los antecedentes laborales consignados en su currículum carecían de documentación respaldatoria, especialmente los relacionados con tareas desarrolladas en la Fundación Formar.
El dictamen también señala que el plan de trabajo presentado no cumplía con los criterios técnicos establecidos en las bases del concurso y que existían incumplimientos de distintos apartados del reglamento aprobado mediante la Resolución Nº 193/24. Por esos motivos, el recurso de reconsideración fue rechazado.
El análisis sobre Laura Almirón de Pauli
La situación de Laura Almirón de Pauli también fue revisada por la Comisión Evaluadora, que concluyó que la documentación presentada no permitía acreditar los requisitos mínimos exigidos para continuar en el proceso.
Entre otras observaciones, el dictamen señala que los registros laborales aportados ante ANSES no demostraban residencia efectiva en Tierra del Fuego, ya que no identificaban el lugar donde se habían desarrollado las tareas. Asimismo, indicó que no se acreditó experiencia específica en la promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, ni certificaciones laborales suficientes que respaldaran los antecedentes consignados.
El informe concluye que la postulante no acreditó los requisitos de residencia, título habilitante e idoneidad exigidos por la normativa, por lo que también rechazó su recurso.
El contexto político
La controversia se produce en un escenario político particular. Mientras Gracianía cuestionaba públicamente el concurso, el Gobierno nacional designó recientemente a Alberto Belmar, tío del diputado Santiago Pauli, como director ejecutivo del PAMI en Tierra del Fuego.
La designación fue acompañada por dirigentes de La Libertad Avanza, entre ellos el propio Pauli y la legisladora provincial.
En ese contexto, el concurso para la Defensoría dejó de ser una discusión exclusivamente administrativa para adquirir un marcado componente político. Mientras la Comisión Evaluadora sostiene que todas las decisiones se adoptaron sobre la base de criterios técnicos y legales, desde el espacio libertario continúan cuestionando la transparencia del proceso.
No obstante, un dato quedó prácticamente ausente del debate público durante varias semanas: dos de las postulaciones rechazadas correspondían a familiares directas del principal referente de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego, cuyos recursos fueron desestimados por la Comisión tras considerar que no reunían los requisitos exigidos para acceder a los cargos concursados.
