USHUAIA.- El Gobierno de la provincia formalizó este miércoles el ingreso de un conjunto de reformas que pretenden transformar áreas sensibles de la economía fueguina. El paquete normativo abarca desde modificaciones profundas en la estructura tributaria hasta incentivos para la contratación de personal, pasando por una modernización de los reglamentos de compras estatales y la explotación de recursos naturales.
El corazón de la propuesta radica en la modificación del Código Fiscal y la Ley Tarifaria. En este plano, el proyecto oficialista apunta a ensanchar la base de recaudación y dotar al Estado de mejores herramientas de fiscalización. Entre las novedades resalta la inclusión de la criptominería y los alquileres turísticos informales como actividades alcanzadas por el fisco. Además, se establece el domicilio fiscal electrónico como una obligación y se fijan pautas más rígidas para evitar maniobras de elusión impositiva en sectores como los seguros y la publicidad.
Respecto al Impuesto de Sellos, el Ejecutivo plantea una actualización con incrementos que, en determinados rubros, llegan a duplicar los valores actuales. La tasa general se ubicaría en el 10 por mil, pero las alícuotas ascienden al 15 por mil para fideicomisos y locales comerciales, al 20 por mil para la compraventa de propiedades y al 25 por mil para el mercado automotor. En el segmento financiero, que incluye tarjetas de crédito y pagarés, la carga trepa al 12 por mil. Como contrapunto social, la iniciativa propone eliminar este impuesto para los contratos de alquiler destinados a vivienda única.
En materia laboral, se impulsa un régimen de promoción destinado a nuevos emprendimientos que generen puestos de trabajo genuinos. El beneficio consiste en una reducción de Ingresos Brutos por un año, con posibilidad de extenderlo seis meses más, tomando como referencia el valor de dos salarios mínimos por cada operario incorporado. Para acceder, las firmas deberán demostrar actividad efectiva en la provincia y mantener al día sus obligaciones fiscales.
En sintonía con la defensa del mercado interno, otra de las leyes busca garantizar la prioridad de contratación para choferes con residencia en Tierra del Fuego en el transporte de pasajeros. Las empresas del sector solo podrán buscar personal fuera de la jurisdicción si logran demostrar fehacientemente que no existen postulantes locales para cubrir las vacantes, bajo riesgo de recibir sanciones.
La reforma también alcanza la gestión de los fondos públicos mediante cambios en la Ley 1015 de contrataciones. Se pretende agilizar las compras del Estado a través de modalidades modernas como la subasta inversa electrónica y los convenios marco, centralizando toda la información en un Portal Único de Contrataciones para aportar mayor transparencia a los procesos licitatorios.
En el sector productivo y de servicios, el paquete legislativo propone una nueva norma para la pesca extractiva que pone el foco en la sostenibilidad y el control sanitario de las capturas. Paralelamente, se busca actualizar las leyes de turismo para regular con mayor rigor a los prestadores de turismo aventura y a las plataformas digitales de alojamiento, endureciendo las exigencias de seguridad y los regímenes de habilitación.
Todas estas iniciativas tomarán estado parlamentario en la sesión ordinaria convocada para la mañana de hoy. A partir de este paso administrativo, los proyectos serán girados a las comisiones correspondientes, donde los legisladores deberán analizar la viabilidad política de cada reforma antes de que puedan llegar al recinto para su votación definitiva.
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