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USHUAIA.- La auditoría que llevó adelante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) entre el 30 de septiembre y el 1° de octubre pasado detectó graves desvíos en el manejo administrativo y serios riesgos operacionales en el muelle de Ushuaia.
La certificación de seguridad portuaria, que era responsabilidad de la Prefectura Naval Argentina (PNA), certifica que la terminal cumple con las condiciones de seguridad indispensables. Este sábado, la PNA notificó formalmente a Roberto Murcia, presidente del puerto, la determinación de remover esa certificación, dejando a la terminal sin el correspondiente respaldo oficial.
La conducción de Roberto Murcia en el puerto fue el resultado de un acuerdo político sellado entre la vicegobernadora Mónica Urquiza y el gobernador Gustavo Melella. Esta articulación de lealtades ha quedado ahora en el ojo de la tormenta. Numerosos análisis apuntan a que esta designación de índole estrictamente política sería una de las variables que precipitó al puerto a su estado de deterioro actual.
Este fracaso en la administración no solo deteriora el prestigio de la terminal ante la comunidad internacional, sino que también amenaza seriamente a miles de puestos de trabajo. La preocupación radica en que las embarcaciones podrían comenzar a derivar su operatoria hacia Punta Arenas.
Entre las fallas identificadas, se destacaron marcadas deficiencias en los procedimientos de protección y control de accesos, lo cual pone en peligro la seguridad integral de toda la infraestructura portuaria.
Es de notar que, mientras el informe de la ANPYN continuaba sin una respuesta adecuada y las fallas no se resolvían, la administración procedió a la incorporación a planta permanente de casi catorce personas. Esta acción evidencia una llamativa prioridad por resoluciones internas por sobre las urgentes advertencias técnicas recibidas.
El retiro de la certificación constituye el paso inicial hacia una posible intervención administrativa en el ámbito del puerto. Incluso podría plantearse una intervención en la operatoria si la gravedad de las deficiencias persiste en el tiempo. En este escenario, la remoción del aval de la PNA afecta profundamente la credibilidad del puerto y ejerce una intensa presión sobre el gobierno de la provincia.
