El gas que nunca llegó y las contradicciones de Melella

RIO GRANDE.- El paso del tiempo terminó ordenando los dichos. Cuando asumió, el gobernador Gustavo Melella instaló como eje central la expansión de la red de gas domiciliaria en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia. La meta era clara y consistía en terminar con la dependencia del gas envasado en una de las provincias más frías del país.

En 2021, el propio Mandatario hablaba de miles de conexiones. “Hacemos 3.000 conexiones para que no sufran más con el tubo”, repetía en entrevistas. La promesa no era menor, implicaba una solución estructural a una problemática histórica.

Durante 2022, la entonces ministra de Obras Públicas, Gabriela Castillo, reforzó ese esquema. Anunció que más de 2.300 familias accederían al servicio antes de finalizar ese año. Sin embargo, los números finales nunca acompañaron esa proyección y las obras comenzaron a mostrar demoras sostenidas.

Con el correr de los años, el discurso oficial fue mutando al mismo ritmo que se acumulaban licitaciones sin concluir y partidas millonarias sin impacto concreto en los hogares. Hoy, con más de $1.000 millones comprometidos en distintos procesos de gasificación que no llegaron a término, la brecha entre lo anunciado y lo ejecutado resulta evidente.

El punto de quiebre llegó en 2025. Lejos de aquella narrativa inicial centrada en garantizar derechos básicos, Melella planteó que “la gente no se conecta a la red de gas porque es cómoda y no quiere pagar la factura”. La frase marcó un cambio de enfoque que va de la promesa de inclusión energética a la responsabilización directa de los usuarios.

En paralelo, actualmente, comenzó a instalarse la posibilidad de revisar o incluso quitar subsidios a familias que aún no están conectadas a la red, muchas de las cuales continúan dependiendo de garrafas por la falta de infraestructura prometida años atrás.

Así, el eje del debate dejó de ser la obra pública que no se concretó para pasar a discutir la conducta de quienes todavía esperan el servicio. En ese desplazamiento, lo que queda expuesto no es sólo un retraso en la ejecución, sino un cambio profundo en la posición del propio Gobierno frente a un problema que supo presentar como prioritario.

El resultado es un escenario donde las promesas iniciales de universalización del gas chocan con una realidad persistente que indica que miles de familias siguen sin acceso a la red mientras el discurso oficial se aleja, cada vez más, de aquel compromiso original.