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El diputado Pauli insiste en otorgar seguridad jurídica al pequeño y mediano empleador

El legislador nacional destacó la necesidad urgente de modernizar el marco normativo para combatir la "industria del juicio" y así facilitar la incorporación de millones de trabajadores a la formalidad.

USHUAIA.- El diputado nacional Santiago Pauli subrayó la imperiosa necesidad de impulsar la modernización del sistema laboral argentino. El objetivo principal de esta iniciativa es dinamizar la creación de puestos de trabajo registrados y reducir los elevados índices de informalidad que persisten en todo el territorio nacional.

Pauli puntualizó que, en la actualidad, el 90% de los empleadores argentinos son pequeñas y medianas empresas (PyMES). Según su análisis, un vasto sector de estos emprendedores se encuentra imposibilitado de expandirse o de sumar más personal a sus nóminas debido a la amenaza constante de litigios judiciales que, al final del camino, derivan en costos altísimos e imprevistos. En este sentido, el diputado afirmó que “hoy existe una industria del juicio laboral que termina con el cierre de muchas empresas que emplean trabajadores”.

El representante detalló que el paquete de reforma laboral, que se encuentra actualmente bajo debate en el Poder Legislativo, contempla la incorporación de mecanismos orientados a garantizar mayor previsibilidad legal para aquellos actores que se dedican a la generación de empleo genuino.

La meta de fondo es doble: incentivar las nuevas contrataciones y acompañar el crecimiento sostenido del sector productivo. De esta manera, se busca que millones de ciudadanos, que hoy cumplen tareas en la informalidad absoluta, puedan acceder al mercado laboral en blanco, logrando así contar con cobertura social, aportes jubilatorios y condiciones laborales mejoradas.

El legislador fue enfático al sostener que “lo que queremos es que haya trabajo. Que más gente que hoy está en negro, sin ningún derecho laboral, pueda integrarse a un empleo en blanco”.

El Gobierno Nacional avanza con una serie de modificaciones estructurales diseñadas para robustecer la actividad del sector privado, aumentar los niveles de productividad y, como resultado directo, achicar la informalidad laboral, un flagelo que afecta a una porción significativa de la población económicamente activa de la Argentina.