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USHUAIA.- El reloj corre para el proyecto de reforma constitucional que promueve el Gobierno fueguino, el cual ingresó en su etapa de definiciones con el 8 de mayo como horizonte definitivo.
Si para esa jornada no se formaliza el llamado a elecciones, la ley que habilita el proceso perderá vigencia automáticamente al día siguiente. Esta restricción temporal añade una carga de dramatismo a una maniobra política que busca transformar la estructura institucional de la provincia, pero que todavía no consigue un respaldo unánime entre los diversos sectores de la sociedad.
La Ley 1529 otorgó el marco legal para intervenir sobre 70 artículos de la Constitución local, lo que representa una transformación de gran escala en las reglas de juego vigentes. Entre los puntos que integran el paquete de modificaciones, el artículo 71 se posiciona como el eje de mayor fricción política. En su redacción actual, este apartado actúa como un candado que impide de forma taxativa la creación de bonos o títulos destinados a sustituir la moneda de curso legal, una restricción que quedaría en suspenso si los futuros convencionales deciden avanzar sobre su texto.
Aunque la apertura de la discusión no garantiza que el Estado vaya a volcarse a la emisión de una cuasimoneda de manera inmediata, el hecho de remover la prohibición explícita genera sospechas sobre los planes financieros de la gestión ante la caída de recursos.
Lo que hasta hace poco tiempo era interpretado como un análisis técnico sobre la autonomía provincial pasó a ser un problema de agenda diaria, especialmente por el temor a que se utilicen herramientas de emergencia económica para cubrir el bache fiscal de las cuentas públicas.
El panorama social le suma una capa de complejidad a la decisión del oficialismo de sostener el calendario reformista. De acuerdo con los registros del segundo semestre de 2025, la pobreza en el conglomerado conformado por Ushuaia y Río Grande escaló hasta el 22,6 por ciento, afectando a más de 41.000 habitantes.
Al extender este porcentaje a toda la jurisdicción, se estima que alrededor de 43.000 fueguinos se encuentran en situación de vulnerabilidad, un dato que alimenta las críticas sobre la oportunidad de encarar un proceso de este tipo en medio de una crisis de ingresos tan profunda.
Con este escenario, la viabilidad de la reforma empieza a medirse no solo en términos de votos legislativos, sino también por su nivel de aceptabilidad social. Los detractores de la medida insisten en que las prioridades de la gestión deberían estar volcadas a revertir el deterioro de la calidad de vida de la población antes que a rediscutir las bases jurídicas del Estado. La proximidad del vencimiento legal obligará al Gobierno a definir si acelera la convocatoria o si deja caer una ley que, lejos de traer alivio, instaló una nueva grieta en la opinión pública de la isla.
