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USHUAIA. La estructura operativa del puerto de esta ciudad dejó de ser un tema meramente técnico para transformarse en el eje de una disputa de poder silenciosa. Detrás de las urgencias de gestión, se consolida un esquema de influencia privada que tiene a la familia Caputo como actor principal.
Este movimiento se produce en un momento de extrema debilidad para la administración de Gustavo Melella, que parece haber encontrado en la entrega de posiciones estratégicas la única forma de garantizar su continuidad política.
El engranaje de esta situación se habría activado mediante un reciente salvataje financiero de 20 mil millones de pesos, que llegó desde las arcas nacionales bajo la forma de adelanto de coparticipación.
Si bien este dinero representa el aire necesario para cubrir baches presupuestarios inmediatos, el compromiso asumido por la provincia conlleva una carga pesada. Mientras el Ejecutivo local intenta ganar tiempo frente a sus deudas, el Grupo Mirgor fortalece su posición con la mirada puesta en la infraestructura y los servicios portuarios de la capital.
La terminal marítima es hoy el tablero donde se juega esta partida. A pesar de los esfuerzos oficiales por desmentir cualquier tipo de cesión administrativa, la existencia de una auditoría interna es un dato incontrastable de la realidad actual.
Este relevamiento, cuyas conclusiones se mantienen bajo estricto hermetismo, es interpretado por distintos sectores como el andamiaje necesario para una futura intervención externa que ya se da por descontada en el ámbito portuario.
En este contexto, el apellido Caputo vuelve a emerger como un factor de poder que atraviesa diferentes gestiones sin perder su peso específico. La capacidad del grupo económico para sostener vínculos estables con administraciones de variado signo político explica su presencia en áreas de alta sensibilidad estratégica.
Para una provincia apremiada por el déficit y la falta de financiamiento, esta transversalidad empresaria se convierte en el sostén externo que la política ya no puede generar por sus propios medios.
El escenario final muestra una gestión provincial acorralada por compromisos de corto plazo, donde el auxilio millonario de Nación deberá ser compensado con una velocidad que asfixia los márgenes de maniobra.
En definitiva, el puerto de Ushuaia se convirtió en el síntoma de una administración que cede terreno ante el avance de intereses privados mientras intenta mantener el control hasta el cierre de su mandato.
