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BUENOS AIRES.- El Congreso Nacional vivió una tarde de fuertes definiciones políticas donde el oficialismo logró consolidar su racha de victorias legislativas. Tras el reciente impulso a la reforma laboral, la Cámara de Diputados otorgó media sanción a una normativa que modifica sustancialmente el sistema de justicia para adolescentes. El tablero marcó 149 votos a favor y 100 en contra, dejando en evidencia una fractura con los sectores de izquierda y una parte de Unión por la Patria que tildaron la medida de “punitivista”.
La hoja de ruta parlamentaria no termina ahí, ya que el cuerpo legislativo tiene en carpeta la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea sellado a mediados de enero. Ambos expedientes dependen ahora del visto bueno de la Cámara Alta para entrar en vigencia de manera efectiva.
Para alcanzar este resultado, el bloque de La Libertad Avanza articuló fuerzas con sus aliados del Pro, la UCR y el MID. También recibió adhesiones de legisladores de Provincias Unidas, Innovación Federal y del espacio sanjuanino Producción y Trabajo. Esta suma de voluntades le permitió al Gobierno transitar la votación con una comodidad que no se veía en los meses previos.
Dentro del peronismo se produjo un escenario de posturas divididas muy marcado. El ala kirchnerista se plantó en el rechazo absoluto, mientras que el Frente Renovador liderado por Sergio Massa tomó una posición intermedia. Si bien los massistas acompañaron la idea de bajar el piso de punibilidad a los 14 años, objetaron las formas por considerar que el tema requería una modificación del Código Penal y no un estatuto aparte. Bajo este argumento, dejaron abierta la puerta a una posible judicialización de la norma en el futuro.
Respecto al contenido técnico del despacho, el texto fija un techo de 15 años de cárcel para los menores de edad. Sin embargo, la prisión efectiva queda reservada únicamente para delitos de extrema gravedad que tengan penas de una década o más. El resto de las infracciones se resolverán mediante mecanismos de reparación del daño, trabajos para la comunidad o restricciones de acercamiento.
La normativa pone énfasis en que el encierro debe ser la última instancia y establece condiciones estrictas para la detención. Los jóvenes deberán estar en módulos totalmente aislados de la población adulta y contar con garantías plenas de salud, educación y programas orientados a la reinserción social.
El sistema contempla un periodo de transición de seis meses una vez reglamentado para que las provincias y el servicio penitenciario federal reacondicionen sus estructuras. Asimismo, se prevé una partida de 23.000 millones de pesos para la puesta en marcha, aunque desde la oposición cuestionaron la cifra por considerarla escasa para cubrir las necesidades federales.
La discusión en el recinto se inició con las palabras de Laura Rodríguez Machado, titular de la Comisión de Legislación Penal. La diputada de LLA salió al cruce de las críticas que denunciaban un intento por “criminalizar a los pibes”. Al respecto, la legisladora sostuvo que el proyecto ofrece múltiples salidas que evitan la cárcel y aseguró que se están respetando todas las garantías del debido proceso.
