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RÍO GRANDE.- El referente del sector de pasivos policiales, Alfredo Gatti, brindó detalles sobre la compleja realidad que atraviesan los exintegrantes de la fuerza, quienes llevan diez meses percibiendo sus ingresos de manera incompleta.
En declaraciones radiales, el suboficial mayor retirado cargó contra los tiempos de los tribunales y calificó a la Justicia de “lenta” en un contexto donde están en juego derechos de carácter alimentario.
El conflicto judicial sumó tensión luego de que un fallo favorable de primera instancia fuera revocado, lo que obligó a elevar un recurso de apelación ante el Superior Tribunal de Justicia. “No estamos hablando de un ítem menor, sino de aportes de toda una carrera”, remarcó el vocero.
La responsabilidad política del conflicto fue dirigida directamente hacia el Poder Ejecutivo provincial. Gatti sostuvo que la administración actual es la encargada de velar por los derechos de quienes sirvieron en la institución y aseguró que en este momento se sienten “completamente abandonados” por las autoridades. Según su visión, el control que el gobierno ejerce sobre el sistema previsional mediante la designación de sus directores vuelve innegable la vinculación oficial con la falta de soluciones para los 540 grupos familiares damnificados.
En cuanto al rol de la Legislatura, el representante de los retirados tildó de “muy tibia” la intervención de los parlamentarios en el asunto. Relató que, a pesar de haberse gestionado dos instancias de conciliación, los responsables de la Caja no asistieron a los encuentros, un gesto que fue interpretado como un desplante y una falta de respeto hacia la investidura de las instituciones involucradas. Esta ausencia de diálogo formal profundizó la desconfianza de los beneficiarios hacia los mecanismos de mediación propuestos.
Uno de los ejes que genera mayor indignación en el sector son las versiones oficiales sobre la estructura de los pagos. Gatti desmintió categóricamente los dichos del gobernador acerca de una supuesta “caja complementaria” y exigió una rectificación inmediata para no confundir a la sociedad. “No existe ninguna caja complementaria. Hay una sola, establecida por ley”, sentenció, aclarando que la normativa vigente no contempla divisiones en los aportes que justifiquen el actual esquema de recortes.
La protesta también se hizo sentir en la vía pública con movilizaciones tanto en la capital provincial como en el norte de la isla. Los intentos de acercamiento con la cúpula policial tampoco prosperaron, ya que los manifestantes fueron rechazados al intentar entablar una conversación con los mandos actuales.
A este escenario de haberes impagos se le suma una crisis prestacional en la obra social, lo que deriva en una caída estrepitosa de la calidad de vida y el acceso a la salud para los jubilados de la fuerza.
Actualmente, los ingresos de los pasivos se encuentran fracturados, cobrando únicamente la parte correspondiente a los aportes de la Policía Federal. El componente provincial, que equivale a la mitad del sueldo total, permanece congelado y sin fecha de regularización. “Nosotros aportamos toda la vida. Hoy solo exigimos lo que nos corresponde”, manifestó Gatti al cierre de su intervención, reiterando que la deuda acumulada requiere de una decisión política urgente para evitar que el daño social siga escalando.
