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RIO GRANDE.- La Fiscalía de Estado emitió un duro dictamen sobre el estado de la infraestructura escolar de Tierra del Fuego y concluyó que las reiteradas suspensiones de clases, evacuaciones y problemas edilicios registrados en distintos establecimientos responden a un modelo de gestión “reactivo”, caracterizado por la falta de planificación, mantenimiento preventivo y controles.
La investigación se inició tras las denuncias por la situación de la Escuela Provincial N.º 24 “Juan Ruiz Galán”, aunque posteriormente se amplió para abarcar a más de una veintena de establecimientos de Ushuaia, a partir de presentaciones realizadas por padres y por el Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina (SUETRA).
Tras analizar la documentación aportada por el Ministerio de Educación, el organismo concluyó que las deficiencias detectadas no pueden atribuirse principalmente a restricciones presupuestarias, sino a un esquema de administración que actúa sobre las consecuencias de los problemas y no sobre sus causas.
Entre los casos analizados figura el de la Escuela N.º 24, donde las clases permanecieron suspendidas durante más de 40 días luego de que docentes sufrieran descompensaciones y Camuzzi dispusiera la clausura preventiva de las instalaciones de gas. Según el dictamen, existían advertencias previas sobre fallas en la calefacción que no fueron atendidas de manera adecuada.
También se menciona la situación de la Escuela N.º 34 “Yak Haruin”, donde cuatro alumnos se descompensaron durante un acto escolar y posteriormente el edificio debió ser evacuado por inconvenientes en las instalaciones. La Fiscalía sostiene que existían informes técnicos que advertían sobre esas deficiencias antes de la realización de la actividad.
El informe incorpora además antecedentes de problemas edilicios en numerosas instituciones educativas de Ushuaia, entre ellas las escuelas provinciales N.º 1, 22, 30 y 31; los jardines N.º 2, 4, 18 y 19; los colegios Sobral, Los Andes y Marte, además de la Escuela Especial N.º 1.
Para el organismo, la reiteración de estos episodios demuestra la ausencia de un sistema permanente de mantenimiento preventivo y recuerda que desde 2013 viene recomendando la implementación de protocolos de inspección, monitoreo de edificios escolares y mecanismos de seguimiento de las suspensiones de clases.
En el dictamen también se rechaza el argumento oficial de la falta de presupuesto. La Fiscalía recuerda que durante los últimos años estuvieron vigentes leyes de emergencia en infraestructura escolar que habilitaron contrataciones especiales y destinaron importantes recursos para obras, por lo que entiende que las deficiencias obedecen a problemas de planificación y administración.
Como parte de las recomendaciones, el organismo solicitó al Ministerio de Educación elaborar un Plan Provincial de Gestión y Mantenimiento de la Infraestructura Escolar con inspecciones periódicas y seguimiento documentado de las intervenciones. Además, pidió al gobernador revisar la actuación de los funcionarios responsables y remitir las actuaciones al Tribunal de Cuentas y al Ministerio Público Fiscal para determinar la eventual existencia de responsabilidades administrativas, patrimoniales o penales.
En un segundo dictamen, la Fiscalía también cuestionó la demora en el pago de certificados correspondientes a la remodelación de la sala de máquinas y la instalación de gas del Jardín N.º 13 “Zioshi”, de Tolhuin. Consideró que, al encontrarse la obra ejecutada y recibida provisoriamente, no existen fundamentos jurídicos suficientes para continuar reteniendo los pagos y advirtió que esa situación podría generar nuevas responsabilidades para los funcionarios intervinientes.
