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USHUAIA.- La crisis por la administración del Puerto de Ushuaia escaló a una nueva dimensión que pone bajo la lupa el respeto por los procedimientos institucionales de la provincia. Mientras la gestión de Gustavo Melella destinó una partida de 60 mil dólares —equivalentes a 90 millones de pesos— para contratar los servicios de un bufete jurídico de Buenos Aires, el Fiscal de Estado, Dr. Virgilio Martínez de Sucre, rompió el silencio. El funcionario ratificó que “no ha recibido instrucciones” del mandatario para actuar en el caso, a pesar de que se trata de la tutela del patrimonio público más relevante de Tierra del Fuego.
La revelación surgió de una respuesta oficial enviada por la Fiscalía de Estado al legislador Pablo Villegas, la cual tuvo ingreso formal en la Legislatura este jueves 5 de febrero a las 13:44. El escrito resulta contundente al evidenciar que el Gobernador optó por desplazar al órgano de control constitucional en el momento de mayor tensión política de su gestión. Esta determinación es interpretada en los pasillos judiciales no como un descuido administrativo, sino como un intento deliberado de esquivar el control de legalidad que ejerce la Fiscalía.
El interrogante que circula con fuerza en el ámbito político es qué motivó al Gobernador a comprometer fondos públicos para pagarle al estudio YMAZ S.R.L., prescindiendo del organismo que debe velar por los intereses provinciales por mandato de la Carta Magna. Las críticas apuntan a que la administración prefirió basar su estrategia en la confianza política por encima de la capacidad técnica y específica que ya posee la estructura del Estado.
Esta exclusión de la representación natural de la provincia tuvo consecuencias inmediatas en los tribunales. En el Dictamen N.º 3/2026, la Fiscal Federal “Ad Hoc”, Candela Fernández Núñez, advirtió que la presentación de Melella carece de la firma conjunta de la Fiscalía de Estado. Según la funcionaria judicial, este vacío representa un “defecto de personería que obsta la regularidad de la actuación procesal”, lo que pone en riesgo la validez de todo el planteo fueguino ante la Nación.
La normativa vigente no deja lugar a interpretaciones ambiguas, ya que tanto el Artículo 167 de la Constitución Provincial como la Ley Provincial Nº 3 establecen que la Fiscalía de Estado es parte obligatoria en cualquier litigio donde se pongan en juego los activos de la provincia. Al no cumplirse con este requisito, la estrategia oficial queda debilitada y se altera el esquema de competencias fijado para defender la autonomía de la isla.
La figura del Fiscal de Estado funciona como el representante legal indiscutido en los juicios donde se discuten los intereses del territorio, sin importar el fuero. En este contexto, llama la atención que los consultores contratados en la Capital Federal no hayan advertido al Ejecutivo sobre la imposibilidad de saltear esta instancia. A esto se le añade la polémica presentación del asesor Emiliano Fossatto, quien carecería de la matrícula federal necesaria para litigar en este escenario.
Al intentar prescindir de los mecanismos de control, el Gobernador no solo incurrió en un traspié reglamentario, sino que también afectó la transparencia de la gestión ante la ciudadanía. La decisión de delegar una causa de esta magnitud en funcionarios políticos con poca experiencia en el ámbito federal es señalada como el motivo por el cual la denominada “batalla judicial” naciera muerta desde su inicio.
Ushuaia observa ahora cómo las advertencias sobre el desapoderamiento del puerto se materializan a raíz de errores propios de la gestión. Quedan flotando preguntas sin respuesta sobre por qué se evitó la fiscalización del organismo de control, quién dio el visto bueno para un gasto millonario innecesario y cómo se planea revertir el tiempo perdido en una temporada de cruceros que bate récords.
Finalmente, el debate se centra en que la defensa de la soberanía provincial exige el cumplimiento de la ley madre de Tierra del Fuego antes que la emisión de cheques a estudios foráneos. El conflicto demuestra que el “atropello” denunciado por el Gobierno parece haber comenzado en las propias oficinas de la gobernación, al vulnerar las instituciones que deben proteger el patrimonio de todos los fueguinos.
