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RIO GRANDE.- Tras el vencimiento del plazo fijado por la Justicia el pasado 17 de abril sin que el Gobierno nacional ejecutara los fondos previstos para las universidades, el conflicto escaló con nuevas medidas de fuerza. En este contexto, la docencia universitaria de la UTN anunció un paro para el jueves 23 de abril, en reclamo por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.
La decisión se da luego de que la administración central desoyera la orden de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que había dispuesto la actualización de salarios docentes y no docentes, junto con la recomposición de las becas estudiantiles. El fallo ya quedó firme tras el rechazo a los planteos oficiales, considerados “poco serios” en su sustento técnico.
Pese a que el Ejecutivo intentó llevar el caso a la Corte Suprema, esa apelación no suspende la obligación de cumplir con la sentencia. Sin embargo, el Ministerio de Economía todavía no habilitó el giro de los recursos, estimados en unos 2,5 billones de pesos.
Frente a esta situación, el Consejo Interuniversitario Nacional y las federaciones gremiales avanzaron con presentaciones judiciales para dejar constancia del incumplimiento. Además, analizan solicitar la aplicación de astreintes, es decir, multas diarias a los funcionarios responsables, e incluso no descartan impulsar denuncias penales por desacato.
Desde el sector educativo remarcan que la ley fue ratificada por el Congreso, incluso tras el intento de veto presidencial, lo que refuerza su carácter obligatorio. En paralelo, crece la preocupación por la estrategia del Gobierno de modificar el esquema de financiamiento a través del nuevo Presupuesto nacional, con el objetivo de evitar el desembolso de los fondos.
En este escenario, las organizaciones docentes y estudiantiles sostienen el plan de lucha. La medida anunciada para el 23 de abril por FAGDUT se inscribe en una escalada de protestas que busca presionar por el cumplimiento de la normativa vigente y frenar cualquier intento de recorte.
“El reclamo sigue siendo el mismo: que se respete la ley y se garantice el funcionamiento del sistema universitario”, señalan desde el sector. Mientras tanto, la movilización y las medidas de fuerza aparecen como las principales herramientas para forzar una respuesta oficial.
