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USHUAIA.- La Justicia fueguina condenó a Carlos Córdoba a cinco años de prisión efectiva por estafas reiteradas vinculadas al proyecto de las 128 viviendas sociales del sector Barrancas del Río Pipo. Tras conocerse el veredicto, el dirigente sindical quedó detenido por orden judicial.
La resolución judicial representa uno de los pronunciamientos más relevantes de los últimos años en la provincia y golpea directamente a una de las figuras históricas del sindicalismo estatal fueguino. Córdoba condujo durante décadas la seccional Ushuaia de ATE y construyó una fuerte estructura de poder dentro del gremio y del ámbito político provincial.
Durante el juicio oral se analizaron 22 hechos de estafa relacionados con el plan habitacional impulsado por el sindicato. De acuerdo a lo expuesto en el debate, distintas personas entregaron dinero, vehículos, cheques y otros bienes a cambio de supuestas adjudicaciones de viviendas que finalmente no se concretaron de manera regular.
La investigación avanzó sobre una serie de maniobras que, según sostuvo la acusación, se apoyaban en la necesidad habitacional de numerosas familias fueguinas para obtener beneficios económicos. En el proceso declararon más de veinte testigos y se incorporó documentación vinculada a las operatorias realizadas alrededor del emprendimiento habitacional.
Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia fue que el Tribunal terminó imponiendo una pena superior a la requerida por la propia Fiscalía. Los fiscales habían solicitado cuatro años de prisión para Carlos Córdoba y Miguel Aranda, mientras que para Eric Moscoso Panozo habían pedido la absolución por el beneficio de la duda. Sin embargo, los jueces resolvieron avanzar con una condena más severa y fijaron cinco años de prisión efectiva para los dos principales acusados.
Luego del veredicto se produjo una de las imágenes más fuertes de la jornada judicial. Córdoba fue detenido y trasladado bajo custodia, en una escena que tuvo alto impacto dentro del ámbito gremial y político de Tierra del Fuego.
El expediente también reavivó cuestionamientos sobre los mecanismos de control vinculados a los planes habitacionales y las relaciones construidas alrededor de las adjudicaciones de viviendas sociales. La causa volvió a poner en discusión las responsabilidades políticas y sindicales en torno a un esquema denunciado por las propias víctimas.
La condena además abre un escenario de incertidumbre dentro de ATE Ushuaia. La caída judicial de Córdoba repercute sobre una estructura sindical que durante años mantuvo una fuerte capacidad de negociación y presencia dentro del Estado provincial.
Con este fallo, la causa de las 128 viviendas de Río Pipo quedó instalada como uno de los casos judiciales de mayor repercusión vinculados al sindicalismo fueguino. La sentencia marca el avance de la Justicia sobre una trama en la que la necesidad de acceder a una vivienda social terminó derivando en maniobras denunciadas como estafas reiteradas.
