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RIO GRANDE.- Lo que está en marcha no es una reforma institucional, es una maniobra política a medida y a pedido de Melella. Forja y el sector que responde a Ybars avanzan en la modificación del Reglamento Interno del Concejo Deliberante de Río Grande con un objetivo concreto que es el de garantizarle a la concejal Lucía Rossi una licencia por tiempo indeterminado que hoy el marco normativo prohíbe expresamente.
El reglamento es claro. Las licencias extraordinarias son excepcionales, tienen límites temporales precisos y deben ser autorizadas por el Cuerpo. Esa limitación existe para evitar abusos, especulaciones y atajos. Pretender eliminar esos límites para resolver una situación particular no es modernizar normas, es torcerlas a medida.
Estamos ante un intento de privilegio legislativo construido desde la mayoría circunstancial. Cambiar las reglas para acomodar a una persona implica reconocer que las reglas actuales no les sirven. Y si no les sirven, en lugar de respetarlas, buscan reescribirlas. Es la lógica del poder que se autoprotege, algo similar a lo que busca hacer el gobernador Gustavo Melella con la constitución provincial.
La banca pertenece al pueblo de Río Grande, no a un espacio político ni a una dirigente en particular. Si se habilitan licencias sin plazo cierto, se desnaturaliza la representación popular y se consolida una práctica muy peligrosa para la democracia.
En este caso en particular, el mensaje que se envía es devastador, las normas rigen para todos, salvo para quienes tienen los votos suficientes para modificarlas. Esa es la verdadera gravedad del asunto. No se trata de una licencia sino que se trata de la credibilidad del Concejo Deliberante y del respeto por la institucionalidad.
Cuando el reglamento deja de ser un límite al poder y se convierte en una herramienta del poder, la democracia se debilita. Y eso es exactamente lo que hoy se está intentando hacer.
