Buscan declarar la Emergencia en Salud Mental

Un nutrido grupo de diputados de la oposición presentó en la Cámara baja del Congreso de la Nación un proyecto de Ley para declarar la Emergencia en Salud Mental por el período de dos años. La iniciativa establece un conjunto de medidas urgentes -complementarias a la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657– para fortalecer el sistema público de atención en salud mental.

El texto, que lleva la firma de Cecilia Moreau, German Martínez, Oscar Herrera Ahuad, Mónica Frade, Esteban Paulón, Nicolás Massot, Marcela Pagano, Natalia De la Sota, Lourdes Arrieta, Pablo Yedlin, Victoria Tolosa Paz, Juan Carlos Molina, Teresa García, Jimena López, e Hilda Aguirre; plantea, entre otras cosas “la apertura, adecuación y fortalecimiento de dispositivos de asistencia en todo el país; la reincorporación del personal cesanteado del hospital Laura Bonaparte; el fortalecimiento de las residencias Interdisciplinarias en Salud Mental y Adicciones (RISAM); y el restablecimiento inmediato del Programa Remediar en su componente de Salud Mental.

Asimismo, dispone “el incremento del número de operadores de las líneas telefónicas gratuitas de atención en Salud Mental; el incremento y distribución de manera equitativa los recursos humanos especializados en Salud Mental según las necesidades de cada provincia; y la garantía en el acceso oportuno a psicofármacos según prescripción médica, de manera equitativa y sin restricciones”.
La reforma que impulsa el Gobierno

El proyecto de emergencia llega al Congreso mientras en el Senado sigue trabada la reforma de la Ley 26.657 impulsada por el Poder Ejecutivo. La iniciativa oficial fue enviada a la Cámara alta en abril y propone modificar más de veinte artículos de la normativa vigente. Hasta el momento, no fue aprobada ni obtuvo dictamen definitivo, aunque el oficialismo volvió a intentar destrabar su tratamiento durante las últimas semanas.

El debate pasó por un plenario de las comisiones de Salud y Legislación General, donde participaron más de 70 especialistas, profesionales, organizaciones, familiares de pacientes y funcionarios de distintas jurisdicciones. Ante la falta de acuerdo entre los bloques, la jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, inició a fines de agosto una ronda de reuniones con los ministros de Salud provinciales junto al titular de la cartera nacional, Mario Lugones, con el objetivo de consensuar un texto que permita avanzar hacia un dictamen.

Uno de los principales puntos de la reforma está relacionado con las internaciones involuntarias. El texto que se encuentra en discusión busca establecer que puedan disponerse cuando exista un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la propia persona o de terceros y plantea que la decisión sea respaldada por dos profesionales, uno de ellos médico y, preferentemente, psiquiatra. También incorpora un plan de egreso desde el momento del diagnóstico y mecanismos de seguimiento posteriores a la internación.

La propuesta oficial también incorpora el consumo problemático de sustancias dentro del abordaje de la salud mental, establece disposiciones específicas para niños, niñas y adolescentes y reconoce la teleconsulta como una herramienta para ampliar la cobertura. A su vez, el borrador sobre el que trabaja el Senado mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios y de sostener internaciones crónicas bajo el modelo asilar.

Pero detrás de estas modificaciones aparece una discusión bastante más profunda. La reforma vuelve a poner en tensión dos maneras de entender la salud mental: una que coloca el acento en el diagnóstico, la intervención clínica y la capacidad del sistema para actuar frente a situaciones consideradas graves; y otra que sostiene una perspectiva comunitaria, interdisciplinaria y vinculada con los derechos humanos y las condiciones sociales que atraviesan a cada persona.

Ese contrapunto ya había quedado expuesto durante el debate parlamentario. Desde el Ministerio de Salud bonaerense cuestionaron especialmente la posibilidad de reemplazar una concepción centrada en el “padecimiento” por otra más vinculada al “trastorno” o la “enfermedad mental”. Para ese sector, no se trata de una diferencia meramente semántica: supone decidir si el sufrimiento psíquico debe ser abordado principalmente como un problema individual y clínico o si debe contemplarse también el contexto social, económico y comunitario en el que se produce.

Una emergencia que vuelve a poner el foco en el Estado

En ese escenario aparece ahora el proyecto presentado en la Cámara de Diputados. La declaración de emergencia no plantea reemplazar la Ley 26.657 sino complementarla con un conjunto de medidas destinadas a reforzar su aplicación y ampliar la capacidad de respuesta del sistema público.

El contraste con la iniciativa que se discute en el Senado es, por eso, significativo. Mientras la reforma impulsada por el Ejecutivo busca modificar las herramientas legales disponibles para intervenir ante situaciones críticas, el proyecto de emergencia pone el acento en los recursos necesarios para que esas intervenciones sean posibles: más dispositivos, más profesionales, más residencias, medicamentos, líneas de atención y equipos especializados.

La diferencia también aparece en el lugar que ocupa el Estado. El proyecto opositor propone crear un Fondo Especial Federal Solidario para la Emergencia en Salud Mental, financiado, entre otros recursos, con un porcentaje del impuesto a las apuestas online que actualmente se destina al Tesoro Nacional. La intención es garantizar una fuente específica de financiamiento para las políticas de emergencia y evitar que la declaración quede reducida a una definición formal.

En ese esquema, la situación del Hospital Laura Bonaparte funciona además como uno de los principales puntos de conflicto. La iniciativa reclama reincorporar a los trabajadores cesanteados del establecimiento, que durante los últimos años se convirtió en uno de los símbolos de la lucha por las políticas nacionales de salud mental.

El nuevo proyecto incorpora además un capítulo específico para niños, niñas y adolescentes, con equipos interdisciplinarios especializados en todos los dispositivos del primer nivel de atención y programas integrales destinados a esa población. El planteo adquiere particular relevancia en un escenario en el que la demanda sobre el sistema sanitario viene creciendo: un relevamiento citado durante el debate parlamentario registró un aumento del 77% en las internaciones por salud mental desde 2019 y del 134% en las consultas ambulatorias. En la provincia de Buenos Aires, además, las internaciones de menores de 18 años prácticamente se duplicaron.

Entre la reforma de la normativa vigente y el reclamo por mayores recursos para aplicarla se vuelve a enfrentar, en definitiva, la discusión sobre dos modelos de abordaje y dos concepciones diferentes sobre la responsabilidad estatal frente al sufrimiento mental.

Fuente: https://eleditorplatense.com/