Ajuste presupuestario en la Justicia de Tierra del Fuego

RIO GRANDE.- La Justicia de Tierra del Fuego enfrenta un escenario de austeridad obligatoria luego de que el Poder Ejecutivo Provincial decidiera, mediante el Decreto 32/2026, reconducir el presupuesto del año 2025. Esta medida impactó de lleno en las previsiones del Poder Judicial, que ahora cuenta con un 14% menos de los recursos que había proyectado originalmente para este período.

Ante esta situación, los jueces María del Carmen Battaini, Carlos Gonzalo Sagastume, Javier Darío Muchnik y Edith Miriam Cristiano firmaron la Acordada 02/2026. En el documento establecieron un fuerte plan de racionalización que afecta desde la compra de insumos básicos hasta la contratación de personal. El tribunal argumentó que estas disposiciones son necesarias para asegurar la continuidad del servicio de justicia en sus funciones esenciales y evitar decisiones discrecionales en el manejo de la caja.

El plan de ajuste incluye la suspensión total de nuevas designaciones de personal y el congelamiento de concursos, ascensos o promociones hasta que mejoren las condiciones financieras. También se frenó la compra de computadoras y periféricos, salvo en casos de extrema necesidad operativa, y se suspendieron los viáticos para todos los niveles del escalafón judicial.

Respecto a la infraestructura, la resolución ordena no iniciar nuevas locaciones de inmuebles y supedita la continuidad de las obras públicas a la disponibilidad real de fondos. La única excepción confirmada hasta el momento es la construcción del muro de contención en la sede del Superior Tribunal de Justicia, una obra que ya estaba autorizada y cuya paralización representaría riesgos estructurales.

El acuerdo también impone límites estrictos al uso de la “caja chica” y del parque automotor oficial. Además, el tribunal solicitó a todas las dependencias extremar el cuidado en el consumo de energía, gas y hasta en el uso de papel y artículos de librería. La vigencia de estas restricciones se mantendrá mientras dure la crisis financiera, aunque los jueces realizarán una evaluación del impacto de las medidas cada noventa días para decidir si flexibilizan o mantienen el torniquete sobre los gastos.