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RIO GRANDE.- La administración nacional liderada por Javier Milei formalizó una transformación de fondo en el esquema de incentivos fabriles que impacta de lleno en la realidad de Tierra del Fuego. Mediante la firma del Decreto 252/2026, el Ejecutivo decidió que el Régimen de Aduana en Factoría (RAF) tenga alcance en cada rincón del suelo argentino, lo que diluye de forma inmediata el esquema de competitividad que resguardó la actividad industrial en el extremo sur.
La normativa entrará en funciones el próximo 17 de junio y habilita a las compañías instaladas en cualquier punto del continente a ingresar insumos importados sin el pago de aranceles, además de permitir el diferimiento de tributos. Esta arquitectura fiscal, que anteriormente era una condición “exclusiva de Tierra del Fuego bajo la Ley 19.640”, deja de ser un factor diferencial y rompe el balance productivo que regía hasta el momento.
Históricamente, el sistema del RAF sirvió como el sostén principal para que las fábricas radicadas en la isla pudieran equilibrar los gastos logísticos y las dificultades climáticas propias de la zona. Con la apertura de estas facilidades a otras provincias, los estímulos económicos para mantener las líneas de montaje en la región austral pierden su peso específico frente a las opciones geográficas más cercanas a los grandes centros de consumo.
En el sector ya se observan los primeros movimientos de cara a este nuevo escenario, con firmas de peso como el Grupo Mirgor iniciando planes de crecimiento en territorio continental. El avance de nuevas instalaciones fabriles fuera de la jurisdicción fueguina confirma que la relocalización de las inversiones ya es una tendencia en marcha entre los principales jugadores del mercado.
La preocupación entre los analistas del sector radica en lo que definen como un “efecto de igualación hacia abajo”, proceso que vacía de contenido la función de la provincia como centro estratégico de producción. Esta pérdida de relevancia no solo se limita a lo estrictamente financiero, sino que también golpea el tejido social y laboral de una comunidad que supera los 200.000 habitantes.
El panorama actual abre una fuerte incertidumbre sobre el cumplimiento del propósito fundacional de la normativa vigente, que buscaba asegurar el arraigo y la soberanía en un área de alta sensibilidad geopolítica. Ante la falta de incentivos que justifiquen la permanencia de las industrias, la sostenibilidad de la población en una zona vital para los intereses nacionales queda bajo un signo de pregunta institucional.
