Lechman propuso destinar el 3% de la coparticipación y las regalías a educación, salud y seguridad
El legislador de Somos Fueguinos presentó una alternativa al proyecto de Melella que busca financiar salarios, infraestructura y equipamiento sin crear nuevos impuestos. La iniciativa prevé retener los fondos antes de calcular la coparticipación municipal.
RÍO GRANDE.- El legislador Jorge Lechman presentó durante la quinta sesión ordinaria de la Legislatura de Tierra del Fuego un proyecto alternativo para financiar la educación, la salud y la seguridad mediante una redistribución de los recursos provinciales, sin establecer nuevas cargas tributarias.
La iniciativa de Somos Fueguinos propone crear un fondo permanente integrado por el equivalente al 3% de los recursos provenientes de la coparticipación federal de impuestos y las regalías. Según el artículo 4°, ese porcentaje se retendría antes de determinar la masa coparticipable destinada a los municipios.
El mecanismo introduce una diferencia con el proyecto de financiamiento educativo impulsado por el gobernador Gustavo Melella, que contempla modificaciones tributarias para obtener recursos destinados al sistema educativo.
Salarios, infraestructura y equipamiento
El proyecto establece que los fondos podrán utilizarse para mejorar las condiciones salariales de docentes, profesionales y trabajadores de la salud pública, así como de los integrantes de las fuerzas de seguridad provinciales.
También contempla el mantenimiento, la reparación y la ampliación de escuelas, hospitales, centros de salud y dependencias policiales. A eso se suma la adquisición de medicamentos, insumos y equipamiento para los servicios esenciales.
Los artículos 5° y 6° prevén la intervención del Banco de Tierra del Fuego y un mecanismo de retención diaria y automática de los recursos, que serían transferidos a una cuenta especial bajo administración del Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO PROVINCIAL- FINAL
El artículo 10° establece que el fondo tendría carácter complementario respecto de las partidas presupuestarias habituales. A su vez, el artículo 11° obliga al Ejecutivo a presentar informes trimestrales ante la Legislatura sobre la utilización del dinero.
La distribución debería contemplar criterios de equidad territorial para Ushuaia, Río Grande, Tolhuin y las zonas rurales.
Críticas al proyecto del Ejecutivo
Durante su intervención en el recinto, Lechman cuestionó la propuesta oficial de financiamiento educativo y sostuvo que no ofrece una respuesta integral a las necesidades del sector.
“La salud, la educación y la seguridad no son un gasto, son una inversión”, afirmó el legislador, quien planteó que el financiamiento de esos servicios debe contemplarse antes de distribuir los recursos entre los distintos niveles del Estado.
También criticó que la iniciativa del Gobierno se concentre en un mecanismo que, a su entender, no resuelve los problemas salariales ni el deterioro de los edificios escolares.
“Un proyecto caprichoso como este, que no trae ninguna solución a la docencia, porque la docencia no es solamente los sueldos de los docentes, es la infraestructura que se cae a pedazos”, expresó.
Lechman advirtió que, sin una respuesta que abarque los distintos componentes del sistema educativo, las mismas dificultades volverán a discutirse en los próximos meses.
El impacto sobre los municipios
Uno de los puntos que abre un interrogante es la retención del 3% antes de calcular la masa coparticipable municipal. El mecanismo podría modificar los recursos que reciben Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, aunque el texto presentado no cuantifica ese impacto.
Por eso, además de determinar cuánto dinero ingresaría al fondo y cómo se distribuiría entre educación, salud y seguridad, la discusión deberá contemplar las consecuencias financieras para los municipios.
Lechman reconoció que su propuesta no resolvería por sí sola todos los problemas del sistema educativo. “Esto no va a solucionar ese problema, ni siquiera va a solucionar el problema del salario docente. Es apenas un paliativo, un parche”, sostuvo en referencia al proyecto del Ejecutivo.
La iniciativa plantea así una alternativa de financiamiento basada en la redistribución de recursos existentes. Su viabilidad dependerá del análisis legislativo, de la disponibilidad efectiva de los fondos y de la evaluación de sus efectos sobre las cuentas provinciales y municipales.
