El acuerdo de Oscar Martínez con Mirgor terminó con 30 despidos
Tras semanas de paros, asambleas y negociaciones, la conducción de la UOM Río Grande acordó nuevas condiciones laborales con el grupo empresario. Los documentos contemplan suspensiones con reducción salarial, restricciones a las asambleas y cambios en la representación sindical, mientras 30 trabajadores quedaron desvinculados.
RÍO GRANDE.- La negociación entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande y el Grupo Mirgor concluyó con 30 despidos y una serie de compromisos que modifican las condiciones laborales y establecen límites a determinadas herramientas de organización sindical. El resultado vuelve a poner bajo discusión la estrategia de la conducción encabezada por Oscar “el Zurdo” Martínez, que había participado de las medidas de fuerza en defensa de los puestos de trabajo.
La responsabilidad directa de las desvinculaciones corresponde a la empresa. Sin embargo, el resultado de las negociaciones también abre interrogantes sobre las condiciones aceptadas por la representación gremial y las garantías obtenidas para los trabajadores que continúan en actividad.
A fines de septiembre, las partes habían acordado suspender temporalmente los despidos para abrir una instancia de negociación. Una vez vencido ese plazo, se concretaron 30 desvinculaciones, según los antecedentes reunidos para esta nota.

El entendimiento incluyó un denominado Acuerdo Marco de Competitividad, Sustentabilidad Productiva y Protección del Empleo, que incorpora disposiciones sobre la realización de asambleas, las suspensiones laborales, los premios económicos y la organización de la representación gremial.
Límites a las asambleas
Entre las condiciones consignadas en la documentación figura que las asambleas deberán comunicarse a la empresa con 24 horas de anticipación. También se establece, como regla general, la realización de una asamblea mensual y un límite de 20 minutos para aquellas que se desarrollen durante la jornada laboral.
El texto contempla consecuencias disciplinarias ante el incumplimiento de esas condiciones, dentro de los límites de la legislación vigente.
La inclusión de estas pautas abre un debate sobre el alcance de las herramientas de organización de los trabajadores. Las asambleas y las medidas colectivas fueron parte central del conflicto con Mirgor, por lo que cualquier restricción sobre su realización tiene consecuencias directas para la actividad sindical dentro de las plantas.
No obstante, la documentación disponible no permite afirmar que todas estas disposiciones hayan entrado en aplicación efectiva. Su alcance depende de los acuerdos finalmente suscriptos y de su situación ante la autoridad laboral.
Suspensiones con reducción salarial
Otro de los puntos contempla suspensiones de hasta 15 días mensuales por trabajador ante problemas productivos, falta de insumos o acumulación de mercadería.
Durante esas jornadas, los operarios percibirían una compensación equivalente al 75% de su salario neto diario de referencia. Esto implica una reducción del ingreso correspondiente a cada día en que no presten tareas bajo ese régimen.
El mecanismo se presenta como una alternativa para afrontar dificultades productivas y evitar desvinculaciones. Sin embargo, las 30 bajas concretadas al finalizar el período de negociación muestran que la instancia de diálogo no impidió nuevos despidos.
De este modo, los trabajadores quedan expuestos tanto a una eventual reducción de sus ingresos por suspensiones como a la posibilidad de perder definitivamente sus puestos.
Cambios en la representación gremial
La documentación también contempla una comisión interna única integrada por dos representantes de cada una de las cuatro empresas del grupo. Además, establece que los restantes delegados deberán cumplir sus tareas habituales durante la jornada laboral.
Estas disposiciones se suman a los antecedentes de delegados que durante el año acordaron individualmente su desvinculación de empresas del Grupo Mirgor, una situación que alimenta el debate sobre la representación sindical en el sector.
Sin embargo, no hay documentación suficiente para establecer que esas salidas hayan incluido pagos extraordinarios a cambio de aceptar los acuerdos colectivos. Por eso, las condiciones de cada desvinculación deben analizarse por separado.
La discusión de fondo pasa por determinar cómo se garantizará la representación de los operarios que permanecen en las fábricas y qué capacidad de intervención conservarán sus delegados ante eventuales conflictos.
Un premio sujeto a condiciones
La negociación también incluyó un premio anual con un monto de referencia de 3.300.000 pesos. De acuerdo con la documentación, se descontarían 180.000 pesos correspondientes a adelantos anteriores, por lo que el importe resultante sería de 3.120.000 pesos.
El acuerdo prevé que el 90% se abone en dinero y el 10% restante mediante productos de la empresa. El pago, además, está condicionado a indicadores de eficiencia, presentismo y productividad.
Por esas condiciones, el monto no representa una suma íntegra garantizada para todos los trabajadores. Su percepción dependerá de los criterios establecidos en el acuerdo y de su aplicación.
La conducción de Martínez, bajo la lupa
El secretario general de la UOM Río Grande, Oscar Martínez, lleva años al frente del gremio y ha encabezado numerosas medidas de fuerza en defensa del empleo metalúrgico. Su participación en las negociaciones con Mirgor vuelve a colocar a la conducción sindical ante la necesidad de explicar los resultados obtenidos.
Según los antecedentes del conflicto, en agosto se habían registrado alrededor de 300 telegramas de despido que posteriormente fueron retrotraídos. En septiembre volvieron las amenazas de desvinculación y en octubre se concretaron otras 30 bajas.
Durante ese proceso, las negociaciones incorporaron compromisos vinculados con la productividad, la organización de la actividad sindical y las condiciones de trabajo. Sin embargo, los puestos laborales continuaron en riesgo y el acuerdo no evitó las últimas desvinculaciones.
La crisis industrial de Tierra del Fuego excede la capacidad de respuesta de una organización sindical. Pero ese contexto no elimina la necesidad de evaluar qué condiciones se aceptan en una negociación y qué garantías concretas se obtienen a cambio.
El balance deja una serie de cuestiones pendientes para la conducción de Martínez: explicar por qué se concretaron nuevos despidos después de las negociaciones, precisar el alcance de las restricciones previstas para las asambleas y aclarar cómo quedará organizada la representación de los trabajadores.
Después de semanas de paros, asambleas y reuniones, el resultado inmediato es concreto: Mirgor desvinculó a 30 operarios y los acuerdos discutidos introdujeron cambios que afectan las condiciones laborales y la actividad sindical. La discusión ahora pasa por conocer qué garantías efectivas tendrá el personal que continúa trabajando y cómo se aplicarán las cláusulas acordadas.
