Segunda funcionaria de Melella alcanzada por sanciones del Tribunal de Cuentas

RÍO GRANDE.- Analía Cubino recibió una multa de $364.710,51 del Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego por no responder dentro de los plazos establecidos los requerimientos formulados durante el análisis de una contratación directa por $91.981.829,11. Su caso se suma al de la ministra Lucía Rossi, quien días antes había sido apercibida por el mismo organismo en una actuación diferente.

La sanción contra la presidente de la Agencia de Innovación Fueguina quedó cuantificada mediante las resoluciones plenarias 178 y 179, ambas del 22 de octubre de 2026. El importe equivale al 5 % de su remuneración bruta de agosto, que ascendió a $7.294.210,25.

El Tribunal aclaró que la multa no fue aplicada por la contratación en sí misma, sino por la falta de respuesta a los requerimientos del organismo de control dentro de los plazos establecidos.

La operación bajo análisis correspondió a la adquisición de licencias de mantenimiento y soporte de soluciones de seguridad informática por un período de tres años. La adjudicataria fue ACSYS S.A., revendedora autorizada de Fortinet.

Las observaciones sobre la contratación

A mediados de diciembre de 2025, los auditores del Tribunal señalaron cuatro incumplimientos sustanciales en el procedimiento.

Entre ellos, observaron que no se había acreditado la exclusividad del proveedor, ya que la documentación solamente demostraba que ACSYS S.A. era revendedora autorizada de Fortinet, pero no que fuera la única empresa habilitada para comercializar esas soluciones.

También cuestionaron la falta de un análisis comparativo de precios. Según la auditora interna, el importe era aproximadamente un 4,65 % superior al de una adjudicación similar que posteriormente había sido rescindida, sin que existiera una justificación suficiente en el expediente.

A esas observaciones se sumaron la falta de publicación de las especificaciones técnicas en el portal Compras TDF y la concentración de distintas intervenciones técnicas y administrativas en una misma persona.

Entre marzo y junio de 2026, el Tribunal reiteró cinco veces los pedidos de descargos. El 10 de agosto aplicó un apercibimiento y, el 3 de septiembre, dispuso la multa equivalente al 5 % de la remuneración bruta de Cubino, con un nuevo plazo de dos días bajo advertencia de una sanción adicional del 10 %.

La funcionaria respondió el 4 de septiembre, el mismo día en que fue notificada de la multa. Para entonces habían transcurrido 263 días desde la fecha del acta que había originado los requerimientos.

En su presentación, Cubino atribuyó la demora a inconvenientes operativos internos, la reconstrucción de documentación y contingencias de ciberseguridad. También sostuvo que no existió perjuicio fiscal y que las prestaciones habían sido recibidas.

El Tribunal consideró que esas explicaciones fueron formuladas en términos generales y no acreditaban una imposibilidad de cumplir. Además, sostuvo que el cumplimiento posterior no extinguía ni neutralizaba la infracción ya consumada.

La respuesta evitó que se avanzara con la multa adicional del 10 %, aunque no despejó las observaciones sobre la contratación. Según el informe legal, Cubino admitió que la selección de la firma había estado insuficientemente fundamentada, que correspondía realizar una compulsa entre canales homologados y que no se había publicado el informe técnico. También reconoció la concentración de intervenciones técnicas.

Los auditores ratificaron los apartamientos vinculados con la exclusividad del proveedor y la falta de publicación. Respecto del precio, señalaron que el descargo no había aportado documentación nueva. La concentración de funciones fue recalificada como un incumplimiento formal.

El antecedente de Lucía Rossi

El caso de Cubino se conoce después de la sanción aplicada a la ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, Lucía Rossi, mediante la Resolución Plenaria 141/2026.

En ese expediente, el Tribunal de Cuentas le aplicó un apercibimiento por no presentar dentro del plazo establecido un plan de acción requerido tras la auditoría del Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE).

La funcionaria había sido notificada el 21 de agosto y contaba con diez días para cumplir con la presentación. Al vencer ese plazo sin que entregara el documento, el organismo resolvió apercibirla y otorgarle cinco días corridos adicionales para responder, bajo advertencia de una eventual multa.

De esta manera, Cubino se convirtió en la segunda funcionaria del gobierno de Gustavo Melella alcanzada por una sanción del Tribunal de Cuentas en estas actuaciones recientes. Sin embargo, las consecuencias fueron diferentes: mientras la presidente de la Agencia de Innovación recibió una multa económica, Rossi fue apercibida por incumplir un requerimiento vinculado con la auditoría del RUPE.