La Justicia ordenó inspeccionar el Puerto de Ushuaia tras reiterados impedimentos
El juez Sergio Pepe autorizó el ingreso de funcionarios provinciales para fiscalizar residuos peligrosos, posibles derrames y las condiciones ambientales de las instalaciones. La medida se tomó tras una denuncia de la Fiscalía de Estado por las restricciones al acceso de los inspectores.
USHUAIA.- La Justicia provincial ordenó el ingreso de personal de la Secretaría de Ambiente al Puerto de Ushuaia para realizar inspecciones y tareas de fiscalización ambiental, luego de reiterados impedimentos denunciados por el Gobierno fueguino. La medida fue dispuesta este miércoles 28 de octubre por el juez subrogante del Juzgado de Instrucción N.º 2 del Distrito Judicial Sur, Sergio Pepe, y se cumplió con apoyo de la Prefectura Naval Argentina.
La resolución habilita a los funcionarios a verificar las condiciones de almacenamiento y tratamiento de residuos peligrosos, posibles derrames o indicios de contaminación y el estado de las instalaciones vinculadas con el recurso hídrico.
La orden comprende nueve sectores del predio portuario, entre ellos el Muelle de Catamaranes, el Muelle Comercial, la Plazoleta Fiscal, el Taller Mecánico y las áreas destinadas al almacenamiento de residuos. También incluye sectores próximos a antiguos tanques de combustible, zonas de relleno, obras en contacto con el agua y sistemas de drenaje pluvial.
Residuos peligrosos bajo la lupa
Uno de los puntos que motivaron la intervención judicial es la situación de residuos peligrosos que, según un informe de gestión de 2025, permanecían almacenados temporalmente en las instalaciones portuarias. Su retiro estaba previsto para enero de 2026, pero, de acuerdo con la información presentada ante la Justicia, no habría podido concretarse.
La Secretaría de Ambiente manifestó que desconoce la cantidad, ubicación y condiciones actuales de esos materiales. En contraposición, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) sostuvo que no existen residuos peligrosos dentro del predio.
La inspección permitirá verificar la existencia de esos materiales, sus condiciones de almacenamiento, clasificación y seguridad, además de detectar posibles pérdidas o derrames.
Los controles también abarcan las condiciones ambientales relacionadas con la descarga de residuos provenientes de las bases antárticas argentinas y las actividades de las agencias marítimas que operan en el puerto.
La Secretaría de Ambiente advirtió, además, sobre la necesidad de mantener los controles durante la Campaña Antártica, especialmente entre octubre y abril, cuando se desarrollan operaciones vinculadas con la recepción de residuos.
La resolución judicial aclara que los riesgos planteados por las autoridades provinciales no constituyen una constatación de contaminación ambiental. Su existencia y alcance deberán determinarse mediante las inspecciones técnicas.
Nueve sectores habilitados para el control
El juez autorizó la intervención de personal técnico provincial para examinar las instalaciones y las condiciones ambientales de los sectores expresamente incluidos en la resolución. Entre los funcionarios habilitados figuran Lisi Cristófano, a cargo de la Secretaría de Ambiente; Miguel Hidalgo, director de Obras Hidráulicas y Fluviales; el hidrólogo Sergio Müller y Elizabeth Ruiz, directora de Gestión Ambiental.
La autorización se limita a las tareas y los espacios detallados en la orden judicial. Los requerimientos de documentación deberán tramitarse por las vías administrativas correspondientes.
El magistrado fundamentó la decisión en el artículo 204 del Código Procesal Penal provincial y en las normas que reconocen las facultades de fiscalización de la autoridad ambiental fueguina.
Los antecedentes del conflicto
La intervención judicial se originó en una denuncia presentada el 14 de octubre por la Fiscalía de Estado, que informó sobre impedimentos de ingreso sufridos por inspectores ambientales los días 25 de agosto, 1 y 17 de septiembre.
Posteriormente, el Ministerio de Producción y Ambiente comunicó un nuevo episodio ocurrido el 19 de octubre y solicitó medidas para garantizar el acceso del personal técnico.
Ante esos antecedentes, la Fiscalía requirió una autorización judicial para que los funcionarios pudieran cumplir las tareas de fiscalización previstas en la legislación provincial.
La decisión se produjo después de que el juez Pepe resolviera, el lunes 26 de octubre, continuar con la investigación en la Justicia provincial. El Juzgado Federal de Garantías había rechazado asumir la competencia y devuelto las actuaciones.
En esa instancia, el magistrado dispuso profundizar la investigación para determinar las circunstancias en las que se impidió el ingreso de los inspectores, sin descartar una nueva revisión de la competencia judicial si surgieran elementos que lo justificaran.
También ordenó notificar a Fernando Ariel Polizzi sobre los derechos y garantías que le corresponden en el marco de la investigación y reconoció a la Fiscalía de Estado como parte querellante.
Con la información adicional solicitada a la Secretaría de Ambiente sobre las inspecciones necesarias, los sectores involucrados y los riesgos señalados, el juez resolvió autorizar el ingreso.
La medida permitirá que los organismos provinciales ejerzan sus funciones de control. El resultado de las inspecciones deberá establecer si existen residuos peligrosos en el predio, cuáles son sus condiciones y si se detectan irregularidades ambientales.
