Melella regulariza la deuda de coparticipación con Ushuaia mientras ahoga financieramente a Río Grande
La evolución dispar de las deudas municipales vuelve a poner bajo la lupa el manejo de los recursos provinciales y los criterios que aplica el Gobierno para cumplir con las transferencias. Mientras desde Ushuaia aseguran que los compromisos se cumplen y permiten contener la deuda, Río Grande denuncia atrasos crecientes.
RÍO GRANDE.- La evolución dispar de las deudas por coparticipación de Ushuaia y Río Grande vuelve a poner bajo la lupa el manejo de los recursos provinciales por parte del gobierno de Gustavo Melella y los criterios con los que administra las transferencias a los municipios. Mientras desde la capital fueguina aseguran que el cumplimiento de compromisos permite contener la deuda, en Río Grande denuncian que los fondos pendientes siguen aumentando y que los atrasos comprometen las finanzas municipales.
El secretario de Gobierno de Ushuaia, Sebastián Iriarte, sostuvo que el cumplimiento de compromisos por parte de la Provincia permite mantener la deuda con la capital fueguina en determinado nivel o reducirla levemente. “A medida que los compromisos van siendo cumplidos por el Gobierno de la Provincia es que vamos manteniendo la deuda en cierto nivel o bajándola muy poco”, afirmó.
La declaración describe una situación en la que, según el funcionario, los pagos provinciales permiten contener el crecimiento de la deuda. Iriarte vinculó esa dinámica con el diálogo entre ambas administraciones y con las conversaciones mantenidas entre el intendente Walter Vuoto y el gobernador Gustavo Melella.

En Río Grande, el panorama denunciado por el intendente Martín Pérez es diferente. El jefe comunal informó que la deuda provincial por coparticipación alcanzó los 17.800 millones de pesos y advirtió que las demoras en las transferencias afectan la planificación financiera del Municipio.
Pérez también señaló que los plazos de demora se extendieron y que algunas liquidaciones definitivas acumulan atrasos cercanos a los 90 días. El intendente calificó la situación como un “ahogo financiero” contra la ciudad y reclamó que la Provincia transfiera los recursos que le corresponden al Municipio.
Dos ciudades y distintos escenarios
La comparación abre interrogantes sobre los criterios con los que el Gobierno provincial administra sus compromisos de coparticipación. Mientras desde Ushuaia se describe una deuda contenida a partir del cumplimiento de acuerdos, Río Grande sostiene que los fondos pendientes aumentan y que las demoras se prolongan.
La diferencia entre ambos escenarios exige información pública detallada sobre los pagos efectuados, los compromisos asumidos y los cronogramas aplicados a cada municipio. Sin esos datos comparables no es posible determinar si la disparidad responde a acuerdos y calendarios diferentes o si existe un trato desigual en la distribución de los recursos.
La deuda de Ushuaia tampoco está saldada. Iriarte habló de mantenerla en cierto nivel o reducirla levemente, no de su cancelación total. Sin embargo, su declaración contrasta con los reclamos de Río Grande y pone en discusión la regularidad con la que la Provincia cumple sus obligaciones con cada ciudad.
Río Grande denuncia una deuda creciente
Desde el Municipio riograndense sostienen que el reclamo no apunta a obtener recursos extraordinarios, sino a recibir fondos de coparticipación que corresponden a la ciudad. Pérez advirtió que el volumen de la deuda y los atrasos condicionan la planificación presupuestaria y la capacidad municipal para sostener sus servicios.
Por su parte, el secretario de Gobierno de Río Grande, Gastón Díaz, denunció que la Provincia transfiere entre 400 y 500 millones de pesos semanales menos de lo que, según sus cálculos, debería enviar al Municipio. También reclamó que se avance con un mecanismo automático de distribución de los recursos, a través de la denominada ley de goteo.
Las denuncias de Río Grande y las declaraciones del funcionario de Ushuaia dejan planteada una cuestión central sobre la administración de los fondos públicos provinciales. El Gobierno de Melella debería precisar cuánto adeuda actualmente a cada municipio, qué montos transfirió durante los últimos meses y qué criterios utiliza para establecer sus cronogramas de pago.
La publicación de esos datos permitiría evaluar con mayor precisión por qué la deuda de Ushuaia se mantiene estable o disminuye levemente, según Iriarte, mientras Río Grande denuncia un crecimiento sostenido de los fondos pendientes. Hasta que esa información sea pública, la diferencia entre ambas situaciones seguirá alimentando los cuestionamientos sobre el manejo de la coparticipación por parte del Ejecutivo provincial.
