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USHUAIA.- El convenio ratificado mediante el Decreto 1423/26 vuelve a poner bajo la lupa la explotación ganadera desarrollada durante años en Península Mitre, un territorio protegido cuyo uso y administración dependen de la Provincia.
La historia tiene un antecedente reciente. En 2024, el Gobierno de Gustavo Melella rechazó la renovación de la marca que los Bilbao pretendían utilizar para continuar con la actividad vinculada a Estancia Policarpo. Sergio Igor Bilbao y Renán Dantón Bilbao recurrieron entonces a la Justicia para cuestionar aquella decisión.
Dos años después, la misma gestión provincial encontró una salida negociada con Sergio Igor Bilbao. El acuerdo establece un esquema que se extenderá hasta 2028 y contempla el retiro progresivo del ganado existente en el establecimiento.
Pero el convenio contiene otro dato que adquiere relevancia por el volumen económico involucrado: Bilbao aparece representado por Clemente Sánchez Posleman, hijo de un apellido conocido en Tierra del Fuego por su actividad empresarial vinculada al sector de la salud.
No se trata de atribuirle a Clemente Sánchez Posleman los negocios o relaciones de su padre. El dato concreto es otro: es él quien figura como apoderado de Bilbao en este acuerdo sobre el ganado de Península Mitre.
Los números permiten dimensionar la operación
El convenio reconoce 1.448 vacunos declarados ante SENASA y estima la existencia de unos 480 terneros. En total, el rodeo se acerca a los 2.000 animales.
Con una valuación comercial estimada en alrededor de $1.950 millones, el retiro del ganado representa un movimiento económico considerable. Y allí aparece la pregunta que el Gobierno provincial todavía no respondió: ¿qué recibió Tierra del Fuego durante todos los años en que una actividad privada utilizó territorio y recursos dentro de Península Mitre?
Porque la discusión no puede limitarse a establecer cuántas vacas salen, cuándo serán retiradas o cuál será su destino.
También resulta necesario conocer bajo qué condiciones se permitió la explotación, qué obligaciones tenía el titular de la actividad, si existió algún tipo de canon o contraprestación y qué obligaciones quedaron pendientes.
Península Mitre no es tierra de nadie. Es un área protegida y la Provincia tiene la responsabilidad de establecer qué actividades pueden desarrollarse en ese territorio.
Por eso, si ahora el Ejecutivo sostiene que corresponde retirar el ganado, también debería explicar por qué esa actividad pudo sostenerse durante años, cuáles fueron los controles realizados y qué obtuvo el Estado a cambio del uso de ese territorio.
El momento político tampoco es menor
La gestión que en 2024 mantuvo una posición contraria a la continuidad de la actividad ganadera termina acordando ahora una salida que tendrá efectos más allá del final del actual mandato. El convenio se extiende hasta 2028, por lo que parte de su cumplimiento quedará en manos de la próxima administración provincial.
En el medio, un rodeo cercano a los 2.000 animales, un valor estimado de $1.950 millones y un acuerdo que vuelve a poner en discusión la forma en que el Estado administró durante años el uso privado de Península Mitre.
Clemente Sánchez Posleman aparece en el documento como apoderado de Sergio Igor Bilbao.
El dato no demuestra por sí mismo ninguna participación económica del hijo de Sánchez Posleman en el ganado ni lo convierte en propietario de los animales. Pero sí incorpora un apellido conocido al expediente de una operación millonaria que el Gobierno provincial deberá explicar en todos sus términos.
Las vacas tienen precio
La pregunta que queda abierta es cuánto valió para Tierra del Fuego el uso durante años de un territorio que pertenece a todos los fueguinos.
