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Jorge Araujo pide informes por el amarre en Ushuaia de un petrolero de “bandera británica”

El diputado nacional Jorge “Koky” Araujo reclamó al Gobierno que explique quién autorizó el ingreso del VS PROMISE y qué controles se realizaron. También pidió determinar si correspondía aplicar la Ley Gaucho Rivero y si la operación tuvo vínculos con empresas hidrocarburíferas de Tierra del Fuego.

USHUAIA.- El diputado nacional Jorge “Koky” Araujo presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional para conocer las circunstancias que permitieron el ingreso y amarre en el Puerto de Ushuaia del buque petrolero VS PROMISE (IMO 9351438), registrado bajo pabellón de la Isla de Man, dependencia de la Corona británica.

El legislador solicitó que el Gobierno Nacional informe quién autorizó el ingreso de la embarcación, bajo qué procedimiento se realizó, qué controles fueron efectuados y cuáles fueron las normas consideradas para habilitar su permanencia en el puerto. También reclamó la remisión de las autorizaciones, expedientes, informes técnicos, dictámenes jurídicos y documentación portuaria y aduanera vinculada con la operación.

Uno de los principales puntos planteados está relacionado con la Ley Provincial Nº 852, conocida como “Ley Gaucho Rivero”, que establece restricciones para buques de bandera británica o de conveniencia que desarrollen determinadas actividades vinculadas con la exploración y explotación de recursos naturales.

Araujo pidió conocer si esa legislación fue analizada antes de autorizar el ingreso del VS PROMISE y, en caso afirmativo, cuáles fueron los fundamentos jurídicos utilizados para determinar si resultaba aplicable o no.

En el mismo sentido, el pedido busca que el Poder Ejecutivo precise la condición jurídica del pabellón de la embarcación y explique si considera que un registro correspondiente a la Isla de Man queda comprendido dentro de la expresión “bandera británica” utilizada por la legislación fueguina.

El diputado también reclamó información sobre la operatoria comercial del buque. En particular, solicitó conocer quién lo contrató, quién es su propietario, armador y operador, y si existió algún vínculo contractual con Total Austral, TotalEnergies u otras empresas relacionadas con la actividad hidrocarburífera en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Además, pidió determinar si el VS PROMISE realizó operaciones anteriores en la terminal petrolera de Río Cullen, así como conocer qué carga transportó, su origen y destino.

“No se trata solamente de saber cuándo entró un barco al puerto. Queremos saber quién autorizó su ingreso, qué actividad desarrolló, qué transportaba, quién lo contrató y, fundamentalmente, si se respetó la legislación argentina y fueguina vigente”, sostuvo Araujo.

El puerto y la cuestión Malvinas

El pedido de informes pone además el foco en la situación del Puerto de Ushuaia, actualmente bajo intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).

Araujo señaló que la propia Resolución Nº 4/2026 de ese organismo reconoce el carácter estratégico del puerto por su ubicación en el Atlántico Sur, su proximidad con la Antártida y su función logística y científica. Por ese motivo, solicitó saber si el ingreso del buque fue evaluado también desde la perspectiva de los intereses estratégicos argentinos en el Atlántico Sur y de la política de Estado vinculada con la Cuestión Malvinas, establecida en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

El legislador pidió además conocer si la Cancillería Argentina fue notificada o consultada sobre la operación, qué intervención tuvieron la Prefectura Naval Argentina y la autoridad aduanera y si existieron comunicaciones entre los distintos organismos nacionales, la Dirección Provincial de Puertos y las empresas eventualmente vinculadas con el ingreso y amarre del petrolero.

Finalmente, el pedido exige que el Poder Ejecutivo determine si considera que el ingreso, amarre y eventual operación del VS PROMISE se ajustaron integralmente a la legislación nacional y provincial vigente, y que identifique de manera precisa las normas, resoluciones y dictámenes jurídicos que sustentan esa conclusión.

“El Congreso tiene la obligación de controlar y pedir explicaciones cuando están involucrados simultáneamente la soberanía argentina sobre el Atlántico Sur, la cuestión Malvinas, nuestros recursos naturales y un puerto estratégico como Ushuaia. Queremos respuestas documentadas, no explicaciones políticas”, concluyó Araujo.