RIO GRANDE.- La salida de Carlos Cantú del Consejo Federal Pesquero podría ser bastante más que un simple cambio de nombres en la representación de Tierra del Fuego y abrir interrogantes sobre los motivos que llevaron al gobernador Gustavo Melella a disponer su reemplazo.
Según publicó Mar&Pesca Noticias Patagónicas, Melella le habría pedido a Cantú que dejara su lugar luego de que al menos dos empresas pesqueras expresaran su malestar por determinadas posiciones y votos dentro del organismo.
La versión no fue confirmada oficialmente y tampoco se conocen, hasta el momento, los motivos concretos que habrían llevado al gobernador a tomar la decisión.
Si efectivamente existieron cuestionamientos empresarios, el caso adquiere una dimensión política que excede el reemplazo de un representante provincial. La cuestión de fondo sería determinar si esos planteos tuvieron alguna incidencia en la decisión del Gobierno.
El Consejo Federal Pesquero no es un organismo menor. Allí se discuten permisos, cuotas, incorporación de buques y buena parte de las reglas que regulan una actividad que concentra importantes intereses económicos. Tierra del Fuego tiene representación en esa mesa y las posiciones de su delegado forman parte de la política pesquera provincial.
Cantú tampoco sería un nombre circunstancial dentro del sector. Su trayectoria en la actividad y los años de participación en el propio Consejo le otorgan una experiencia que hace que un eventual desplazamiento tenga una dimensión diferente a un simple recambio administrativo.
A esto se suma otro dato mencionado por el medio especializado. Cantú no habría participado de una reunión en la que se analizaron proyectos vinculados con la incorporación de nuevos buques poteros.
Esa ausencia, por sí sola, no permite establecer ninguna relación con su posterior salida. Sin embargo, forma parte del contexto en el que se produjo el cambio y alimenta las dudas sobre las razones que habrían motivado la decisión.
Melella tiene la facultad política de reemplazar al representante de Tierra del Fuego y eso no estaría en discusión. Lo que permanece sin explicación son los motivos que llevaron a tomar esa determinación.
Si existieron diferencias de gestión o políticas con Cantú, el Gobierno podría explicarlas. Y si efectivamente empresas del sector plantearon objeciones respecto de sus posiciones dentro del Consejo, también quedaría por establecer si esos reclamos tuvieron alguna incidencia.
De confirmarse esa versión, el caso dejaría de ser solamente un cambio en la representación de Tierra del Fuego ante el Consejo Federal Pesquero. La discusión pasaría entonces por determinar hasta qué punto los intereses privados pueden influir sobre las decisiones vinculadas con una representación que, en definitiva, es pública.
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