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USHUAIA.- Los nombramientos de representantes de Tierra del Fuego ante organismos nacionales y de funcionarios que desempeñen tareas provinciales en otras jurisdicciones podrían quedar sujetos a nuevos requisitos si prospera un proyecto que comenzará a debatirse este miércoles en la Comisión Nº 1 de la Legislatura.
La propuesta, presentada por el legislador Jorge Lechman bajo el asunto 056/2026, establece condiciones de edad, ciudadanía, residencia y pertenencia al padrón electoral provincial, además de exigir que cada designación del Poder Ejecutivo cuente previamente con el acuerdo de la Legislatura.
Uno de los principales objetivos de la iniciativa es poner límites a las designaciones de los denominados “011”, una expresión utilizada para identificar a personas radicadas en Buenos Aires que son designadas para representar a Tierra del Fuego sin haber desarrollado su vida en la provincia.
El proyecto fija como requisito acreditar cinco años continuos de residencia inmediata en Tierra del Fuego, tener al menos 25 años, ser argentino nativo, por opción o naturalizado con diez años de ciudadanía e integrar el padrón electoral fueguino.
“No cualquiera puede representar a los fueguinos, y mucho menos alguien que no vive en Tierra del Fuego ni conoce nuestra idiosincrasia. Es una falta de respeto”, afirmó Lechman.
La iniciativa aclara que las exigencias no están vinculadas con el lugar de nacimiento de los postulantes. En ese sentido, una persona nacida en otra provincia podrá ser designada siempre que cumpla con los requisitos previstos y demuestre un vínculo efectivo con Tierra del Fuego.
Otro de los cambios propuestos apunta al mecanismo de designación. Antes de formalizar cada nombramiento, el Poder Ejecutivo deberá remitir los antecedentes del candidato a la Legislatura para obtener el correspondiente acuerdo parlamentario, dejando de ser una decisión exclusiva del Gobierno provincial.
En caso de ser aprobado, el régimen también alcanzará a quienes actualmente desempeñan esas funciones. El proyecto establece un plazo de 30 días para que acrediten el cumplimiento de las condiciones previstas por la futura ley.
