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USHUAIA.- El jefe de Gabinete de Tierra del Fuego, Jorge Canals, será nuevamente citado por la Comisión de Seguridad de la Legislatura para brindar explicaciones sobre distintos aspectos vinculados con la seguridad pública, entre ellos las actuaciones administrativas en el Servicio Penitenciario Provincial, la reciente fuga de detenidos, la situación de los policías territoriales y el estado de las inversiones destinadas a las fuerzas de seguridad.
La convocatoria había sido prevista antes del receso invernal, aunque debió postergarse debido a compromisos oficiales del funcionario fuera de la provincia. Ahora, la Comisión buscará fijar una nueva fecha para su comparecencia.
La presidente de la Comisión de Seguridad, Natalia Gracianía, confirmó que el cuerpo legislativo insistirá con la convocatoria al considerar que aún existen numerosos interrogantes sobre la administración del sistema de seguridad provincial.
Uno de los principales ejes será la situación del Servicio Penitenciario. Según explicó la legisladora, la Comisión recibió parte de la documentación relacionada con las actuaciones administrativas iniciadas tras las irregularidades detectadas en la Unidad de Detención Nº 1 de Río Grande, donde fueron separados de sus funciones agentes penitenciarios y autoridades del establecimiento.
No obstante, sostuvo que la información remitida por el Poder Ejecutivo no resulta suficiente para esclarecer lo ocurrido, por lo que esperan obtener mayores precisiones durante la exposición del jefe de Gabinete.
Además, Canals deberá responder sobre la reciente fuga de detenidos y las condiciones de funcionamiento de los establecimientos penitenciarios de la provincia. Si bien la Comisión reconoce que la Unidad de Detención de Río Grande y la Alcaidía Central de Ushuaia cumplen con las condiciones generales de seguridad, considera necesario revisar la situación de los anexos donde también se alojan internos.
Otro de los temas que formará parte de la convocatoria será el reclamo de los policías territoriales por la regularización de sus haberes previsionales. Desde la Comisión recordaron que el Ejecutivo había anticipado el envío de una propuesta para resolver esa situación, aunque hasta el momento no hubo avances.
La falta de inversión en seguridad también integrará el temario. Gracianía cuestionó que la Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Pública, aprobada por unanimidad en la Legislatura, no haya sido ejecutada plenamente y aseguró que los recursos solo se destinaron a adecuar un espacio de detención para cumplir una resolución judicial, sin mejoras en equipamiento ni infraestructura para la Policía y el Servicio Penitenciario.
Por último, la legisladora sostuvo que la situación presupuestaria de la provincia también deberá ser analizada, al considerar que áreas como la seguridad requieren una mayor asignación de recursos para atender las necesidades del sistema.
