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USHUAIA.- La Dirección Provincial de Puertos y la empresa pesquera Prodesur S.A. firmaron un convenio mediante el cual la firma reconoció una deuda de $624.224.960,47 por servicios portuarios prestados en el Puerto de Ushuaia y se comprometió a cancelarla mediante un plan de pagos con cheques electrónicos.
El acuerdo fue suscripto por el entonces presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, y por Liu Zhijiang, presidente de Prodesur, pocos días antes de que el puerto quedara bajo intervención nacional.
La deuda no está en discusión. El propio convenio deja asentado que la empresa adeudaba más de 624 millones de pesos y que ese monto correspondía a facturas impagas registradas en el sistema de gestión portuaria al 16 de enero de 2026.
La forma de pago también quedó establecida. El primer cheque electrónico debía ser por $200 millones, con vencimiento el 3 de febrero de 2026. Luego se debía presentar un segundo cheque electrónico con pago previsto para el 23 de febrero, aunque el convenio no consigna su importe. Finalmente, un tercer cheque debía cancelar el saldo restante antes del 10 de marzo de 2026.
El principal interrogante
La copia del convenio no identifica los números de los cheques electrónicos, tampoco la entidad bancaria interviniente ni la cuenta donde debían acreditarse los fondos. Del mismo modo, la documentación conocida no incorpora constancias de emisión, recepción, acreditación o rechazo de esos instrumentos.
En otras palabras, el convenio demuestra que Prodesur debía pagar y que la Dirección Provincial de Puertos debía cobrar. Lo que no permite reconstruir es si ese dinero efectivamente ingresó a las cuentas del organismo, quién recibió los cheques electrónicos o qué ocurrió con cada uno de ellos.
El resumen de cuenta corriente adjunto al convenio coincide con el monto total de la deuda reconocida y detalla decenas de facturas impagas acumuladas durante 2025 y comienzos de 2026, cuyo saldo asciende exactamente a $624.224.960,47. Sin embargo, esa documentación tampoco acredita el cobro posterior de la obligación.
La cláusula cuarta del convenio incluso establece que, si los cheques no eran percibidos o eran rechazados, el acuerdo caería automáticamente y la Dirección Provincial de Puertos quedaría habilitada para reclamar judicialmente la totalidad de la deuda, con intereses.
A casi siete meses de la intervención nacional del Puerto de Ushuaia, la principal incógnita continúa abierta.
¿Los cheques fueron emitidos? ¿Quién los recibió? ¿En qué cuenta bancaria fueron depositados? ¿La deuda quedó cancelada o sigue pendiente?
Las respuestas no surgen de la documentación conocida. Para reconstruir el recorrido de esos $624 millones será necesario acceder a los eCheq emitidos, los extractos bancarios de la Dirección Provincial de Puertos y las registraciones contables correspondientes.
Hasta que esa documentación aparezca, el convenio acredita la existencia de una deuda millonaria y de un compromiso de pago. Lo que sigue sin poder demostrarse es el destino final del dinero.
