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TOLHUIN.- La Defensoría Pública Federal comenzó un relevamiento en Tolhuin para reunir información sobre las familias afectadas por los cortes de gas y analizar la presentación de una acción colectiva contra Camuzzi Gas del Sur.
El defensor público Agustín Ciolfi explicó que la intervención se inició a pedido del Municipio de Tolhuin y que el objetivo inmediato es identificar a los usuarios que atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad, con el fin de respaldar una eventual medida cautelar para restablecer el servicio.
“Lo que nosotros estamos tratando de relevar es en qué situación de vulnerabilidad se encuentran como para abordar en primer lugar esas familias”, señaló en declaraciones a Radio Provincia.
El funcionario indicó que los equipos de la Defensoría trabajan junto a personal municipal recorriendo los domicilios para verificar las condiciones de cada grupo familiar. Entre los casos detectados mencionó pacientes oncológicos, adultos mayores, personas con discapacidad y vecinos con problemas de salud que se agravan por la falta de calefacción en pleno invierno.
Ciolfi explicó que ese trabajo resulta indispensable para acreditar ante la Justicia la necesidad de una medida cautelar. “Necesito acreditar la situación de vulnerabilidad”, afirmó al referirse a la documentación que se incorporará como prueba en caso de avanzar con un amparo.
En paralelo, la Defensoría requirió información a Camuzzi y al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) para conocer el alcance de los cortes, la cantidad de usuarios afectados, las notificaciones cursadas y las acciones adoptadas por la empresa frente a las familias alcanzadas por la suspensión del servicio.
El defensor también cuestionó el sistema de atención al público de la distribuidora en Tolhuin y sostuvo que muchos usuarios encuentran dificultades para realizar reclamos o acceder a información sobre sus deudas. Además, advirtió que algunas notificaciones fueron enviadas únicamente por correo electrónico, un mecanismo que, según consideró, deja en desventaja a quienes no cuentan con acceso a internet.
Finalmente, confirmó que la posibilidad de una acción judicial colectiva continúa bajo análisis y remarcó que, en una provincia con bajas temperaturas como Tierra del Fuego, el acceso al gas constituye un servicio esencial estrechamente vinculado con el derecho a la salud y a la vida.
