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RIO GRANDE.- Lo que comenzó hace 80 años como un proyecto para desarrollar una industria peletera terminó convirtiéndose en uno de los mayores problemas ambientales de Tierra del Fuego. Los castores, introducidos en 1946, ya provocaron la destrucción de unas 30 mil hectáreas de bosques nativos y continúan expandiéndose por la isla.
La Armada Argentina liberó entonces 20 ejemplares con la expectativa de aprovechar sus pieles. Sin embargo, la ausencia de depredadores naturales permitió que la población creciera de manera sostenida hasta superar los 100 mil individuos.
El principal impacto se produce por la construcción de diques con troncos y ramas. Estas estructuras generan lagunas artificiales que inundan amplias superficies, alteran los cursos de agua y provocan la muerte de árboles nativos, especialmente lengas y ñires, especies que no están adaptadas a permanecer bajo agua durante largos períodos.
A ese daño se suma la tala de árboles que realizan los propios castores para construir y reforzar sus presas, lo que acelera la degradación del bosque y modifica el paisaje de extensas áreas de la provincia.
Las consecuencias también alcanzan a las fuentes de agua y a la fauna que depende de estos ambientes. Distintos estudios estiman que el impacto económico derivado de esta problemática ronda los 66 millones de dólares anuales.
Para contener el avance de la especie, organismos nacionales e internacionales impulsan programas de control en distintos sectores de la isla. Las tareas incluyen relevamientos mediante imágenes satelitales y operativos en zonas de difícil acceso, donde especialistas y cazadores trabajan con apoyo logístico para localizar y remover ejemplares.
Los trabajos no apuntan a eliminar por completo la población de castores, sino a intervenir áreas prioritarias para evaluar la recuperación de los ecosistemas. En los sitios donde la especie fue erradicada, los primeros resultados muestran una regeneración natural de la vegetación y una paulatina recuperación del bosque nativo.
