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USHUAIA.- El Gobierno nacional oficializó una serie de modificaciones en el régimen de inversiones de las empresas industriales radicadas en Tierra del Fuego, luego de haber eliminado el aporte mensual obligatorio al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina).
La medida fue establecida mediante la Resolución 152/2026 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, publicada en el Boletín Oficial.
La nueva normativa permite que las empresas con proyectos de inversión ya aprobados por el Comité Ejecutivo del FAMP-Fueguina soliciten una readecuación de los montos comprometidos y de los plazos previstos para su ejecución.
No obstante, la resolución aclara que la reducción a cero de los aportes al fideicomiso no exime a las compañías de cumplir con los proyectos ya autorizados, sino que únicamente habilita la posibilidad de reformularlos, siempre que mantengan su finalidad de ampliar la matriz productiva y mejorar la competitividad de la industria fueguina.
Las empresas tendrán un plazo de 30 días hábiles, contados desde la entrada en vigencia de la resolución, para presentar las solicitudes de modificación. Si no lo hacen o si el Comité Ejecutivo rechaza la propuesta, deberán ejecutar los proyectos en las condiciones originalmente aprobadas.
La normativa también fija un plazo máximo de 48 meses para completar las inversiones financiadas con fondos retenidos. En caso de incumplimiento, las empresas deberán reintegrar esos recursos al FAMP-Fueguina junto con los intereses calculados según la tasa activa del Banco Nación.
Además, mientras continúe vigente la reducción a cero de los aportes obligatorios, quedarán suspendidas determinadas disposiciones vinculadas con el cálculo de ese aporte mensual.
El FAMP-Fueguina fue creado en 2021 como parte de la prórroga del régimen de promoción industrial establecido por la Ley 19.640. Su objetivo es financiar proyectos que permitan diversificar la matriz productiva y fortalecer la competitividad de Tierra del Fuego.
La flexibilización dispuesta por el Gobierno responde a la necesidad de adaptar los proyectos de inversión aprobados a las nuevas condiciones económicas generadas tras la eliminación de los aportes obligatorios que sostenían el funcionamiento del fideicomiso.
