Rio Grande: 3°
3° / 3° - Nubes
USHUAIA.- Con la firma de los legisladores Damián Löffler y Pablo Villegas, el bloque del Movimiento Popular Fueguino (MPF) presentó formalmente en la Legislatura provincial un paquete de cuatro proyectos de ley orientados a introducir modificaciones estructurales en el sistema de seguridad pública y en el funcionamiento institucional vinculado a la prevención y persecución del delito.
Las iniciativas plantean una reconfiguración de distintos niveles del sistema, que incluyen desde la investigación del narcotráfico minorista hasta la creación de organismos de control disciplinario y asistencia integral a víctimas, además de herramientas de análisis estadístico del delito.
Según se informó, el objetivo del paquete legislativo es fortalecer la capacidad de respuesta del Estado provincial en materia de seguridad, incorporando nuevos esquemas de control, descentralización de competencias y producción de información técnica para la toma de decisiones.
Uno de los proyectos propone la creación de un centro interdisciplinario de asistencia a personas que hayan sido víctimas de delitos o abusos de poder. El organismo funcionaría bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad, o la cartera que lo reemplace, y brindaría contención psicológica, social, emocional y financiera.
El financiamiento se prevé a través de partidas presupuestarias específicas, recursos internacionales y un fondo especial integrado por la recaudación de impuestos provenientes de juegos de azar y casinos. El centro operaría de manera independiente de los magistrados intervinientes en las causas judiciales.
Otra de las iniciativas impulsa la creación de un sistema de control externo y civil para la conducta policial y penitenciaria. El esquema dependería del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia y propone reemplazar los sumarios escritos por un procedimiento oral y adversarial.
El modelo se estructura en tres instancias integradas por abogados sin estado policial: una Fiscalía Administrativa encargada de la investigación y acusación, un Tribunal de Disciplina para resolver sanciones y una Defensoría destinada a la asistencia del personal investigado. El proyecto también modifica artículos de las leyes provinciales 263 y 35.
El tercer proyecto propone la adhesión de Tierra del Fuego al régimen de desfederalización parcial en materia de estupefacientes, lo que permitiría trasladar la investigación del narcomenudeo al ámbito de la Justicia provincial.
La iniciativa prevé además la transferencia de recursos presupuestarios desde el Estado nacional para acompañar el traspaso de competencias. También establece que las multas y bienes decomisados al narcotráfico sean destinados a una cuenta específica del Banco de Tierra del Fuego para fortalecer a las fuerzas de seguridad.
El cuarto proyecto plantea la creación de un organismo de carácter científico-técnico destinado a la producción de información sobre criminalidad y violencia en la provincia. El objetivo es unificar estadísticas dispersas y elaborar mapas del delito y de riesgo para el diseño de políticas públicas.
El ente contará con una Comisión Asesora Honoraria integrada por representantes de municipios, universidades y organizaciones no gubernamentales, además de la participación de los poderes Legislativo y Judicial. El proyecto también prevé obligaciones de carga de datos para organismos públicos y sanciones en caso de incumplimiento.
Con este paquete legislativo, el MPF busca instalar el debate sobre la seguridad en la agenda parlamentaria, mientras el análisis de las iniciativas quedará ahora en manos de las comisiones de la Legislatura.
