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USHUAIA.- El juicio oral por la presunta estafa con viviendas sociales del IPV entró en su etapa final luego de que la Fiscalía solicitara 4 años de prisión para el secretario general de ATE, Carlos Córdoba, y para Miguel Arana, acusados de haber participado en una maniobra que habría perjudicado a 22 personas.
Durante los alegatos desarrollados ante el Tribunal de Juicio, el fiscal Daniel Curtale sostuvo que quedaron acreditados los hechos investigados y consideró a ambos imputados responsables de una operatoria basada en la supuesta venta de lugares dentro de los listados de adjudicación del barrio Barrancas del Río Pipo.
De acuerdo con la acusación, las víctimas entregaban dinero, vehículos, cheques y otros bienes con la expectativa de acceder a viviendas correspondientes al plan habitacional “128 Viviendas”.
La investigación judicial sostiene que los hechos ocurrieron antes de 2018 y que varias de las personas damnificadas realizaron importantes entregas económicas creyendo que las gestiones eran impulsadas a través del gremio estatal y del Instituto Provincial de Vivienda.
Según expuso la Fiscalía, incluso se habrían ofrecido adjudicaciones a personas que no formaban parte de ATE.
Uno de los testimonios que generó mayor impacto durante el debate fue el de Miguel Arana, quien declaró ante el Tribunal y vinculó directamente a Córdoba con la maniobra investigada.
Arana afirmó que actuaba bajo instrucciones del dirigente sindical y aseguró que parte del dinero obtenido era trasladado hasta el domicilio de Córdoba. También sostuvo haber transportado importantes sumas vinculadas a operaciones relacionadas con entre siete y nueve viviendas.
A lo largo de las audiencias declararon además distintos damnificados que relataron cómo entregaron ahorros, vehículos y dinero en efectivo para acceder a las casas prometidas.
Uno de ellos señaló haber vendido un terreno para reunir el dinero solicitado y afirmó que desde el gremio le indicaban que los pagos “eran para Córdoba”.
La Fiscalía estimó que la maniobra investigada habría implicado una recaudación superior a los 8 millones de pesos y alrededor de 52 mil dólares, montos considerados de gran magnitud para la época en que ocurrieron los hechos.
En paralelo, el fiscal Curtale pidió la absolución de Eric Moscoso Panozo, quien estaba imputado por presunto lavado de activos vinculado a operaciones relacionadas con la compra de maquinaria vial.
Tras los alegatos de la acusación comenzaron las exposiciones de las defensas particulares, que solicitaron la absolución de los imputados.
El Tribunal pasó luego a un cuarto intermedio hasta este viernes, jornada en la que se dará a conocer el veredicto. En caso de que la sentencia coincida con el pedido fiscal y disponga penas de cumplimiento efectivo, la Justicia podría ordenar la detención inmediata de Córdoba y Arana.
