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USHUAIA.- La administración central formalizó una fuerte quita de fondos que impacta directamente en la operatividad de las Fuerzas Armadas argentinas. A través de la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por Manuel Adorni, se estableció un recorte cercano a los 49.000 millones de pesos en el presupuesto de Defensa. Esta reestructuración golpea el alistamiento y la logística de las tres fuerzas, dejando en una situación de extrema vulnerabilidad a las dotaciones instaladas en la Antártida debido a la eliminación de recursos destinados a insumos de primera necesidad.
El punto más crítico de la poda presupuestaria se localiza en el programa de Sostén Logístico Antártico, que sufrió una baja de 960 millones de pesos para la adquisición de combustibles y lubricantes. Esta reducción de partidas compromete la movilidad de los vehículos y el funcionamiento de los generadores eléctricos en las bases nacionales, elementos indispensables para la supervivencia en el clima extremo del sur. Analistas del sector advirtieron que este ajuste pone en riesgo la permanencia y el abastecimiento del personal militar y científico durante el resto de la campaña anual.
La crisis de financiamiento se extiende también a las unidades militares distribuidas en todo el territorio continental. En el Ejército, la falta de fondos afecta el pago de servicios de luz, gas y agua, además de comprometer las raciones de comida para los soldados. En paralelo, la obra social del sector (OSFA) atraviesa un colapso prestacional con una deuda que alcanza los 300.000 millones de pesos, situación que ha dejado a miles de afiliados sin acceso a coberturas médicas esenciales.
Por su parte, la Fuerza Aérea es la rama que registra la mayor pérdida nominal, con 16.500 millones de pesos menos para su alistamiento. El recorte arroja dudas sobre la operatividad del sistema de armas F-16 recientemente adquirido, ya que no se garantizan los fondos para el mantenimiento y el entrenamiento de los pilotos. Fuentes de la fuerza indicaron que, aunque los aviones puedan verse en vuelo de manera esporádica, el plan de vuelos regulares se encuentra seriamente afectado por la carencia de repuestos y bienes de uso.
En la Armada, el ajuste de 15.220 millones de pesos forzó la suspensión de la compra de cuatro helicópteros navales livianos AW109M. Esta adquisición buscaba modernizar la capacidad aeronaval de búsqueda y rescate, hoy dependiente de modelos antiguos como el Sea King. Ante la imposibilidad de incorporar naves nuevas, la fuerza analiza la recepción de submarinos usados como donación para evitar que el personal especializado pierda su nivel de instrucción.
Esta reducción del gasto público en el área de Defensa, que ahora representa apenas el 0,28% del PBI, entra en contradicción con el recientemente anunciado “Plan ARMA” de modernización militar. Mientras el Gobierno justifica la medida en la necesidad de sostener el equilibrio fiscal, los mandos militares expresan su malestar ante un presupuesto que consideran insuficiente para cubrir las tareas básicas de soberanía y mantenimiento edilicio.
