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Un convenio por 99 años volvió a exponer cómo se manejaban inmuebles dentro del puerto

El hallazgo de un comodato por 99 años sobre un inmueble portuario encendió las alarmas en la nueva administración. Se trata de una cesión de más de 2.400 metros cuadrados que expone la falta de controles sobre los bienes del Estado durante la gestión anterior.

USHUAIA.- La intervención sobre la estructura portuaria comenzó a dejar al descubierto expedientes y convenios que durante años permanecieron fuera de la discusión pública. Entre esa documentación apareció un acuerdo firmado en diciembre de 2022 que hoy vuelve a poner el foco sobre la administración de bienes estatales dentro de la Dirección Provincial de Puertos.

El convenio fue celebrado entre el puerto y la Asociación Civil Santa Mónica, una institución de Río Grande vinculada al acompañamiento de personas con consumos problemáticos. A través de ese acuerdo se cedió un inmueble de 2.424 metros cuadrados mediante un comodato por 99 años.

El plazo encendió la alarma

Aunque en el expediente figura como un préstamo de uso, resulta poco habitual encontrar convenios estatales con una duración semejante sobre bienes pertenecientes al Estado.

La documentación comenzó a revisarse tras la intervención administrativa del puerto y dejó expuestos distintos detalles sobre el inmueble cedido. El acuerdo menciona tareas de mantenimiento, conservación, filtraciones, desprendimientos y posibles accidentes dentro del predio. También habilita la realización de mejoras y establece que el lugar debía devolverse en el mismo estado en que fue entregado.

Eso permite inferir que no se trataba simplemente de un terreno vacío, sino de un espacio que ya contaba con algún tipo de instalación o estructura previa.

Sin embargo, al observar el lugar y revisar la información pública disponible hasta el momento, no aparecen obras relevantes ni un desarrollo visible que permita comprender una cesión de semejante extensión temporal.

Por su parte, la Asociación Santa Mónica continúa desarrollando actividades comunitarias y acciones sociales en Río Grande, principalmente vinculadas al acompañamiento de personas atravesadas por consumos problemáticos.

Pero el expediente volvió a abrir otra discusión y se remite a la manera en que durante años se administraron inmuebles y patrimonio estatal dentro del puerto empieza a quedar expuesta a partir de la revisión de documentación interna que permanecía archivada.