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Alivio financiero para jubilados de la Policía provincial

La Legislatura de Tierra del Fuego aprobó una tregua de seis meses para los retirados de la fuerza que mantienen deudas con el banco estatal. El proyecto surgió tras las demoras en el pago de haberes previsionales que complicaron el cumplimiento de las cuotas crediticias.

USHUAIA.- El Parlamento fueguino dio luz verde este sábado a una normativa que frena, por un plazo de 180 días, el avance de cualquier juicio ejecutivo impulsado por el Banco Tierra del Fuego contra el personal policial en situación de retiro o pensión. La medida busca proteger a quienes sufrieron atrasos significativos en la percepción del complemento previsional correspondiente a la Caja de la Policía.

La aprobación por mayoría del asunto 210/26 responde directamente al reclamo de los uniformados jubilados. Debido a la falta de pago de sus haberes en tiempo y forma, muchos beneficiarios entraron en mora con la entidad bancaria provincial. La ley especifica que este paraguas legal alcanza únicamente a los compromisos financieros incumplidos durante los meses en que los haberes se percibieron de manera parcial o nula.

Durante el semestre que dure la emergencia, queda prohibida la aplicación de intereses punitorios sobre las deudas mencionadas. El texto legislativo también impide que se traben embargos u otras medidas cautelares sobre los activos de los afectados. Del mismo modo, se prohíbe que los beneficiarios sean incluidos en bases de datos de antecedentes crediticios o “listas negras” por estos atrasos específicos.

Por otra parte, la cámara legislativa le ordenó al Directorio del Banco Tierra del Fuego que diseñe un plan de facilidades en un plazo máximo de un mes. Este sistema de refinanciación y reestructuración de pasivos deberá ajustarse a la “capacidad real de pago de los beneficiarios”, evitando cuotas que resulten imposibles de afrontar para el bolsillo del jubilado.

Finalmente, el documento introduce una modificación profunda en la estructura administrativa de la institución policial. Con la derogación del décimo artículo de la Ley provincial 834, se determinó que los directores de la Caja de la Policía cumplirán sus tareas de forma ad honorem. La norma establece con firmeza que estos funcionarios “no podrán percibir ningún tipo de honorario económico por el ejercicio de su función”, lo cual abarca también viáticos o gastos de representación.